Eliminar la impunidad para combatir la corrupción

Ciudad de México, 29 de mayo de 2019.

El combate a la corrupción es un tema muy presente en el discurso actual de diversos sectores de la sociedad. Lo escuchamos entre las principales figuras del gobierno y de la política, pero también como parte de las iniciativas encabezadas por organizaciones civiles y empresariales.

Pero para abatir el problema, no basta solo con hablar de él. La corrupción es un mal hábito, un rasgo cultural que, desde hace muchos años, se ha expandido de manera orgánica en prácticamente todas las estructuras sociales de nuestro país. Por esta razón, requiere ser atendido de una forma más efectiva que la que se ha hecho hasta el momento.

¿Qué estrategia seguir? ¿Hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos? Desde nuestra perspectiva, para combatir la corrupción de una manera eficiente, se tiene que empezar por erradicar la impunidad, un problema que también ha estado presente en la sociedad mexicana por mucho tiempo.

La impunidad es un factor que alienta la actividad delictiva y, a su vez, descompone a las instituciones y al tejido social. El hecho de que no haya castigos o sanciones para los infractores motiva a éstos a seguir rompiendo las reglas e incita a otras personas a actuar de la misma manera.

El problema en nuestro país no es la falta de leyes que prohíban y penalicen la corrupción. Las normas existen, la cuestión es que no se cumplen, y esa situación es, precisamente, donde radica la diferencia entre México y otras naciones.

Mientras en países como Brasil o Perú observamos que se persiguen y castigan los casos de corrupción, alcanzando incluso los más altos niveles gubernamentales, en México es difícil encontrar, al menos hasta ahora, casos tan emblemáticos. Esta semana, por fin se esbozan algunas acciones que podrían llevar el combate a la corrupción del discurso a los hechos.

Sancionar a quien incumple la ley es importante porque surte un efecto disuasivo entre el resto de la población.

Cuando, por ejemplo, se impone una multa multimillonaria a una empresa y se le obliga a devolver todas las ganancias que obtuvo de manera ilícita, pero además se castiga a las personas que tomaron la decisión de apoyar o cometer actos ilegales, se genera una especie de conciencia entre el resto de las organizaciones, que desalienta este tipo de comportamientos.

Esto a nivel empresarial, pero aplica también, de manera general, en el sector gubernamental y entre la ciudadanía. Cumplir y hacer cumplir la ley es, sin duda, uno de los mayores retos que tiene, por ahora, la actual administración. Ésta es, bajo nuestra óptica, la forma más efectiva para, verdaderamente, terminar con la corrupción.

Empresarios y ciudadanía, ¿qué rol desempeñan?

El combate a la corrupción es un tema que atañe no solo al gobierno, sino también a los empresarios y a la ciudadanía en general. Desde su trinchera, cada uno de esto sectores tiene algo que aportar para erradicar este problema.

Por una parte, cada vez que las empresas adoptan medidas y controles anticorrupción, los valores permean en el comportamiento de sus trabajadores, generando mejores prácticas al interior de la organización, así como un mayor prestigio gracias a su buena reputación.

Por otro lado, también resulta evidente que las buenas prácticas impulsadas desde las asociaciones civiles contribuyen a mejorar el actuar de los individuos.

Denunciar actividades ilegales y promover iniciativas para la vigilancia de ciertos procedimientos, por ejemplo, son acciones que contribuyen a señalar límites de algunas conductas y también sirven para fomentar valores entre la población en general.

Lo importante, a fin de cuentas, es recordar que las aportaciones de cualquiera de los actores involucrados en el combate a la corrupción terminan siendo recíprocas entre sí.

Sistema Nacional Anticorrupción, el pendiente

Otra de las tareas en materia de combate a la corrupción que el gobierno debe resolver es la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Si en verdad se quiere tener buenos resultados, es indispensable fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

El SNA, desde el anuncio de su creación, en 2016, se ha proyectado como uno de los principales protagonistas en la lucha contra la corrupción. En él existen políticas integrales para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas, así como mecanismos para medir los resultados y fomentar la participación ciudadana.

En Deloitte consideramos que, gracias a todos esos elementos, la puesta en marcha del SNA será de gran ayuda para revertir las conductas que violen el orden legal.

Por otro lado, no hay que olvidar que las instancias de justicia, en todos sus niveles, deben subsanar las fallas que presentan, para procurar y garantizar un trabajo adecuado, en sintonía con las estrategias de la administración federal.

Desde los Ministerios Públicos, hasta la Suprema Corte de Justicia, pasando por tribunales y juzgados, deben mejorar su funcionamiento para que los delitos no queden impunes. Insistimos: en la adecuada impartición de justicia está una herramienta fundamental para enfrentar la corrupción.

El combate a esta problemática, como observamos, requiere de una labor conjunta, donde estén involucrados tanto el gobierno como las empresas y la sociedad civil organizada. No se puede aspirar a erradicar una práctica tan arraigada en el país mientras no se actúe de manera coordinada.