Combustibles en México

Ciudad de México, 21 de marzo de 2019.

Antes de comenzar a explicar cuál fue el cambio en la metodología y cuáles serán sus implicaciones, es necesario detallar, en primera instancia, a qué nos referimos cuando hablamos de IEPS y de estímulos fiscales.

El IEPS es el impuesto que se paga en el país por la producción, venta o importación de productos como gasolina, alcohol, cerveza y tabaco; se trata de un gravamen que los contribuyentes no pagan directamente, sino que lo transfieren a sus clientes o consumidores finales. Por otra parte, los estímulos fiscales son, básicamente, aquella facilidades o descuentos otorgados por las autoridades fiscales.

Así, en materia de combustibles, los estímulos fiscales del IEPS a la importación y venta combustibles representan, de manera indirecta, principalmente, para el consumidor final–es decir, quienes consumen y realizan operaciones de transporte, e incluso manufactura–, la posibilidad de acceder a un incentivo que le permita disminuir parcialmente un monto del pago que hace de IEPS.

En ese sentido, es importante destacar que los cambios del 11 de marzo constituyeron la reactivación de los estímulos al IEPS en combustibles, los cuales, en el caso de la gasolina Magna, por solo mencionar un ejemplo, se frenaron desde finales de diciembre pasado.

Los ajustes que se hacen a esta metodología para definir el estímulo fiscal o subsidio son semanales. De acuerdo con el cambio más reciente, el estímulo al IEPS de la Magna –o gasolina con menos de 92 octanos– pasó de 1.95% a 15.72%, lo que equivale a 0.756 centavos; y el del diésel, de 19.51% a 30.72%, equivalente a 1.622 pesos.

De esta manera, el IEPS en Magna se queda en 4.054 pesos por litro; para la Premium –o superior a 92 octanos –, en 4.06 pesos por litro; y, para el diésel, en 3.658 pesos por litro, según la SCHP.

A mayor estímulo, mayor es el subsidio que brindan las autoridades fiscales y, así, mayor es la libertad que tiene el vendedor de combustible para poder definir el precio que mejor considere, siempre bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de Energía.

El propósito que las autoridades tienen al incrementar el estímulo es que el comercializador tenga un mayor parámetro para ofrecer un precio mucho más competitivo, que beneficie también al consumidor, es decir, disminuir los precios.

Lo anterior representa una buena noticia para el consumidor, además de una decisión que muestra continuidad, entendimiento y consentimiento de la metodología utilizada para definir los precios del combustible, sin embargo, habrá que estar atentos al impacto que esta medida tendrá en la recaudación fiscal, la cual sin duda se verá afectada.

Liberalización de los precios, el inicio de una nueva era

Uno de los puntos que mencionamos anteriormente en este texto es que, en la actualidad, los proveedores o comercializadores de gasolina tienen la libertad para definir los precios que más les convengan, siempre y cuando sigan algunos parámetros oficiales, previamente establecidos.

Para entender las razones de esta situación, es necesario remontarnos años atrás, cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) era el único proveedor de combustibles en México y cuando, en 2013, inicia un proceso que permitió la entrada de inversión privada no solo a las actividades de exploración y extracción petrolera, sino también a la venta minorista de combustible –la Reforma Energética-.

Pero no fue sino hasta 2017 cuando el gobierno realmente puso en marcha la liberalización del combustible, no solo permitiendo la importación del mismo, sino también el expendio al menudeo, es decir, la venta a los consumidores, liberalizando el precio del combustible.

Antes de ello, la gasolina y el diésel tenían un precio único en todo país, sin importar los costos de logística, almacenamiento y transporte; se trataba, pues, de un precio que estaba controlado por el gobierno, a través del monopolio de la cadena de suministro, Pemex.

Sin embargo, con la apertura del servicio de comercialización a la participación privada lo que se permitió también fue la entrada de más marcas al mercado de combustible, lo cual, no obstante, no reflejaba aún mejores precios.

Por esta razón, el gobierno decide impulsar un mecanismo de liberalización de precio paulatino, mediante una metodología, la cual, básicamente, concibe que el precio será el equivalente a la cotización del precio internacional del combustible, costo de logística, almacenamiento y transporte, el margen mínimo de ganancia que debería tener el comercializador y el riesgo empresarial.

En ese sentido, y ante los ajustes que han registrado los precios a nivel global, no debe sorprendernos que el porcentaje del estímulo al IEPS que hace el gobierno registre variaciones.

Sin subsidio, ¿qué pasaría?

Si bien el estímulo y subsidio que impulsan las autoridades fiscales se ha convertido una acción común en los últimos tiempos, la realidad es que el gobierno tiene las facultades para eliminar este subsidio.

¿Qué pasaría ante ese escenario? Lo primero es que los precios de los combustibles en el país se incrementarían, casi de manera automática. Esta situación provocaría que miles de consumidores optaran por cargar combustible en la frontera sur de los Estados Unidos, en donde el precio es menor, afectando así a la industria energética nacional.

Mantener el subsidio permite, entonces, equilibrar el mercado e incentivar la comercialización del combustible en territorio nacional, evitando así la fuga de consumidores.

Infraestructura, el gran pendiente

Si bien actualmente se cuenta con una metodología establecida para definir el precio de los combustibles en el país, los costos reales de operación en materia de comercialización son, en gran medida, el factor de mayor peso en esta ecuación.

¿A qué nos referimos con ello? A que, por ahora, el principal proveedor de combustible de la mayoría de las estaciones de servicio sigue siendo Pemex, por lo que el costo de suministro no tiene variaciones significativas, sin embargo, los costos de transporte, almacenamiento y distribución del combustible son los que registran sí registran cambios y los que, en consecuencia, puede impactar los precios finales al consumidor.

Tomando en consideración esto, podemos concluir que, en realidad, los precios actuales de combustible en México reflejan la falta de inversión en infraestructura para poder generar mejores precios.
Si verdaderamente se busca disminuir el precio de los combustibles, es necesario trabajar para desarrollar mejores canales de distribución, modelos operativos innovadores y mecanismos de logística mucho más eficientes.