Los otros impuestos

Ciudad de México, 8 de agosto de 2017.

Para financiar campañas políticas y poder comprar votos, los candidatos reciben, además de recursos públicos, aportaciones de empresas particulares a través de la llamada “charola”. Entre mayor la aportación al candidato, mayor la oportunidad de obtener de él contratos públicos una vez instalado en el poder. Cuando esto último sucede, el empresario obtiene recursos presupuestales —normalmente inflados— para cubrir obras o servicios.

Aquí aparece el “moche” como aquella cantidad que se reintegra a quien otorgó la licitación o al diputado que la presupuestó. El moche regresa vía efectivo, vía depósitos en el extranjero o a través de la compra de facturas, rentable negocio de hijos de gobernadores, secretarios de Estado o senadores.

Sin embargo, los empresarios no son los únicos que apoyan campañas electorales, también lo hace la delincuencia organizada, la que a cambio de dinero adquiere inmunidad para poder operar en una plaza determinada. La “aceitada” de los delincuentes es permanente e incluye a procuradurías, fuerzas del orden, funcionarios de los tres niveles de gobierno y jueces estatales y federales.

La economía informal —como se sabe— no paga impuestos, pero para poder operar cubre contribuciones en forma de “mordidas” a favor de funcionarios de municipios o delegaciones para permanecer en la vía pública de manera ilegal.

El comercio ilegal abarca desde el ambulantaje hasta los llamados “huachicoleros”, caso este último que incluye tajadas a funcionarios estatales y federales. Quienes proveen de mercancía al mercado informal tuvieron que apoquinar previamente a empleados aduaneros y policía fiscal del SAT para contrabandear la “fayuca”, con policías federales para transportarla por carreteras y con la policía local para hacerla llegar a bodegas en las principales ciudades del país.

La economía gris —que abarca restaurantes y antros que operan con notorias deficiencias reglamentarias y administrativas— contribuye con “cuotas” a favor de inspectores de gobiernos locales para que éstos no noten la ausencia de licencias de operación de dichos establecimientos mercantiles.

Las irregularidades en estaciones de gasolina, en la tala ilegal de bosques, en los vehículos de taxis y autobuses de transporte público, entre otros, sólo se explican por la complicidad de inspectores recibiendo “mordidas” para permitir dichas actividades.

Todo lo anterior explica la debilidad del Estado de derecho en nuestro país, en el que el cumplimiento de la ley —tal cual— es sólo un referente para poco menos de la mitad de la ciudadanía que cumple cabalmente con sus obligaciones legales y fiscales y que soporta la presencia formal de la autoridad, mientras que la otra mitad se ve relevada del cumplimiento formal de sus obligaciones, pero que se ve extorsionada o forzada por la misma autoridad —en los tres poderes y niveles de gobierno— a contribuir informalmente con aportaciones dinerarias para poder subsistir.

Por ello, una verdadera reforma fiscal implica abatir la corrupción.