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Perspectivas
¿Qué papel juega la Ley de Disciplina Financiera?
Transiciones de gobierno
2018 será un año de transición para México. En julio de este año habrá elecciones para gobernador en 9 de las 32 entidades federativas de nuestro país y se elegirá al nuevo Presidente de la República, así como a senadores y diputados federales, además de las elecciones para presidentes municipales y diputados locales que habrá en varios estados.
Como cada seis años, los procesos de transición serán una constante en la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, a diferencia de en el pasado, esta vez serán procesos más exigidos en el cumplimiento de normatividad, pues existen nuevas regulaciones en materia de rendición de cuentas, disciplina financiera y transparencia que podrá requerir mayor atención en la presentación de información al momento de la transición de un gobierno y/o de las entidades que la componen.
En entrevista con Enrique Clemente, Socio de Sector Público en Deloitte México.
Ciudad de México, 31 de enero de 2018.
Ejemplo de ello es la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, promulgada en abril de 2016, que acota la discrecionalidad de endeudamiento durante y al final de una gestión de los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de evitar que realicen operaciones que comprometan la continuidad de programas o el equilibrio de las finanzas públicas.
A través de los mecanismos y los semáforos de alerta que establece la norma, monitoreados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los estados deberán transparentar el manejo de sus recursos y obligaciones de deuda, pues al ser parte de la Cuenta Pública, sus resultados financieros serán calificados.
Esto quiere decir que, con base al “Sistema de Alertas” contenido en la Ley, los estados y municipios se clasificarán en: aquellos puedan endeudarse hasta un techo financiero neto equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición (endeudamiento sostenible); aquellos con un nivel de alerta que tendrán como techo financiero neto equivalente hasta un 5% de sus ingresos de libre disposición (endeudamiento en observación); y aquellos que definitivamente no podrán endeudarse (endeudamiento elevado).
Estos indicadores públicos, que también son divulgados en la página de internet de la SHCP, aunado a procesos de concurso entre las instituciones financieras y aprobación de montos por parte de las legislaturas locales, entre otros mecanismos de control y de sanciones, deberán ayudar a inhibir prácticas incorrectas y criterios discrecionales de los funcionarios responsables en la administración y contratación de endeudamiento en estados y municipios.
En ese sentido, la Ley de Disciplina Financiera podría convertirse en una herramienta para controlar e identificar con oportunidad el comportamiento elevado de deuda que tienen algunas entidades y municipios, desempeñando así un rol fundamental en los procesos de transición de este año.
La legislación ayudará a transparentar estos procesos, al evitar las prácticas indebidas en el manejo de recursos de entidades y municipios.
Las causas de los altos niveles de deuda
Son varios los factores que han llevado a algunas entidades a tener niveles preocupantes de endeudamiento durante los últimos años. Uno de ellos, el que consideramos más importante, es la falta de responsabilidad de algunas administraciones para tener y mantener un equilibrio en las finanzas públicas, es decir, para tener un gasto más eficiente y organizado.
Y es que las entidades, en general, conocen las limitaciones presupuestales que tienen, pues la mayor parte de sus ingresos, sobre todo en el caso de los estados, son participaciones y aportaciones de la Federación, además de las potestades tributarias que los convenios de coordinación fiscal otorga, información que deberían tomar como base para plantear una estrategia eficiente de ingreso-gasto no solo para el inicio, sino también para la conclusión de su mandato.
Otro de los factores es el gasto destinado a promocionar la imagen de funcionarios y de programas identificados a estrategias de programas partidistas, iniciativas que buscan ser rentables para efectos electorales y que en algunos casos no solucionan problemas estructurales, pero que, sin embargo, impactan en la buena administración de las finanzas.
El reto está en saber planear, organizar, identificar los programas de inversión y gasto, priorizar e invertir en forma responsable y de manera eficiente y eficaz.
Una vez que ya se han definido las causas del sobreendeudamiento que registran algunas entidades federativas y municipios, ¿qué podrían hacer para fortalecer sus finanzas y evitar esta situación?
Una de las vías es el fortalecimiento y eficiencia en la recaudación de los ingresos propios de las entidades, un elemento que si bien podría no aliviar en su totalidad la problemática de la duda, al menos sí podría fortalecer la recaudación de ingresos propios y dirigirlos a estrategias de gasto prioritario de los estados y municipios.
Otro elemento valioso es la planeación y formulación adecuada de los presupuestos anuales de ingreso, gasto e inversión, que deberán estar acordes al plan de gobierno y a las metas establecidas en los programas que permitan hacer un balance de las acciones de gobierno.
Se trata, pues, de fortalecer los ingresos, controlar el gasto e inversión, tener mejores estructuras de deuda e incluso de trabajar en mejores negociaciones de deuda con las instituciones de crédito para evitar posibles desequilibrios financieros.
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