Padrón de telefonía móvil

Ciudad de México, 22 de abril de 2021.

En 2009, se emprendió un proyecto para contar con información de los millones de usuarios que contaban con líneas de telefonía celular y, con ello, disminuir algunos delitos en el país, como la extorsión y el secuestro. ¿El nombre de esa iniciativa? Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).

Dicho registro duró poco, pues en 2011 se derogó debido a que no existían mecanismos que impidieran la falsificación de datos, dejando en claro el alto grado de vulnerabilidad de la información de los usuarios. Hoy, 10 años después, tiene lugar otro intento por recopilar los datos de los dueños de líneas telefónicas, con el mismo objetivo de combatir la delincuencia: el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

A mediados de abril, tras una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Senado de la República aprobó la creación de dicho padrón, con el cual, los mexicanos que posean alguna línea telefónica estarán obligados a proporcionar sus datos personales y biométricos a compañías de telecomunicaciones. ¿Cuáles serán los principales desafíos de su implementación?  

Para empezar, ante el riesgo de que se vea expuesta la información de los más de 85 millones de usuarios de telefonía que hay en el país¹, el principal reto será mantener la seguridad y la privacidad de la misma. Los datos biométricos que incluirá el registro son algo sumamente sensible, y por lo mismo, deben tener un alto grado de protección, ya que, si esta información cae en las manos equivocadas, se podría incurrir en delitos graves, como el robo de identidad.

Además, la implementación del nuevo padrón traerá consigo distintos desafíos para las concesionarias de telefonía, que para recabar los datos de sus clientes deberán invertir en tecnología para almacenarlos y resguardarlos (aplicaciones; dispositivos de captura, de almacenamiento y de transferencia de información, etcétera), así como en la capacitación de su talento.

Lo mismo ocurrirá para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) –órgano encargado de gestionar las bases de datos telefónicas y de elaborar el reglamento para esa tarea–, al cual se tendrá que destinar un presupuesto extraordinario que, según algunas estimaciones, deberá rondar los 110 millones de pesos en el arranque, pero hasta el momento no está asignado.

Todo ello podría traducirse en un costo que finalmente tendría que ser absorbido no solo por las empresas de telefonía y autoridades, sino incluso por los propios usuarios, al contratar estos servicios.

_{[1] Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (2019), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el IFT.}

¿‘Contestar’ o no la ‘llamada’ del Panaut?

Apenas una semana después de haber sido aprobada la creación del Panaut, ya se otorgaron los primeros amparos (suspensiones provisionales) en favor de usuarios de telefonía del país que estaban en desacuerdo con proporcionar datos como sus nombres, nacionalidades, Clave Única de Registro de Población (CURP), iris y huellas dactilares, alegando una violación a sus derechos constitucionales.

Ese resulta un escenario muy similar al que ocurrió después de que se aprobara el Renaut, en 2009, y que contribuyó a la extinción de dicho registro. Pero, si la situación se mantiene como hasta ahora, lo más probable es que la gente se vea obligada a proporcionar sus datos personales a su compañía telefónica, con los riesgos que ello implica.

¿Qué pasará si los usuarios no acceden a dar su información personal? Las concesionarias tendrán que negarles los servicios de telefonía; sin embargo, esto es algo que atenta contra los derechos informáticos y de acceso a la información de los mexicanos.

Se debe tomar en cuenta que, en medio del contexto pandémico actual y de confinamiento social, si se priva de una línea telefónica a una persona, también se le podría estar impidiendo la realización de actividades cotidianas, como tomar clases a distancia, comunicarse, hacer transferencias bancarias, etcétera.

Otro punto a destacar es que la creación del padrón está justificada en el interés de reducir los índices delictivos de secuestro y extorsión, por mencionar algunos; sin embargo, diversas dependencias y organismos han expuesto que existe el riesgo de que, con su implementación, además de ser vulnerados la seguridad y los derechos de los usuarios, los delitos aumenten.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) señaló, por ejemplo, que esta iniciativa fomentaría el robo de dispositivos, mientras que otras opiniones han apuntado que se corre el riesgo de que, para evitar dar sus datos, las personas recurran al mercado negro o a la venta ilegal de chips.

En ese sentido, refiriéndonos específicamente al delito de extorsión, y considerando también que la gran mayoría de las llamadas de este tipo proviene de las cárceles del país, según diversos análisis, sería incluso más rentable y factible apostar por la eliminación de las señales telefónicas de las cárceles, como opción para combatir este ilícito en particular.

Los próximos meses serán todavía de definiciones respecto a la creación del Panaut, pues aún no se han establecido las reglas para su funcionamiento y el IFT contará hasta con seis meses para crearlas. En ese tiempo, podrían ocurrir, como ya hemos visto, diversas acciones que contribuyan a modificar lo que hasta este momento se ha aprobado, mientras tanto, si el panorama se mantiene como hasta ahora, los usuarios tendrán que enfrentarse a un gran dilema: ‘contestar’ o no la ‘llamada’ del Panaut.