¿Por qué regular los autos ‘chocolate’ era una mala idea?

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2019.

México: un territorio de casi dos millones de kilómetros cuadrados. Una superficie por la que, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), circulan, de manera legal, más de 47 millones de vehículos¹.

Sin embargo, se trata también de un país donde circulan, de igual forma, otro tipo de automóviles, que son traídos desde los Estados Unidos, sin seguir el proceso formal de importación y sin contar con ningún tipo de permiso o autorización oficial. Nos referimos a los llamados autos ‘chocolate’, que, según información dada a conocer en días recientes, alcanzarían ya las 18 millones de unidades².

Este fenómeno ha sido una problemática que por muchos años ha preocupado a la industria automotriz nacional, la cual observa en la entrada de estos vehículos una competencia desleal para los fabricantes mexicanos.

En este contexto, el pasado 18 de octubre, durante la discusión de la Ley de Ingresos 2020, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que abría la puerta a la regulación de estas unidades, buscando que los propietarios de este tipo de automóviles pudieran acreditar la estancia legal de sus vehículos. La iniciativa no encontró eco en el Senado, donde, ayer, finalmente, fue desechada.

Sin embargo, previo a ello, líderes de la industria automotriz y organizaciones empresariales mostraron su rechazo a esta posible legalización, al explicar que provocaría una entrada masiva de autos ilegales y una caída de hasta 30% en la comercialización de vehículos nuevos en los próximos tres años.

Si a eso le sumábamos las caídas constantes que desde 2017 han tenido las ventas de autos en el país, el panorama para el mercado interno automotriz, una de las industrias más fuertes con las que cuenta México, se complicaba aún más.

Pero no se trataba solo de las ventas, las implicaciones que esta posible regulación podría haber traído consigo van mucho más allá.

Por esta razón, consideramos importante señalar cinco aspectos que, desde nuestra perspectiva, demuestran por qué esta iniciativa era, en realidad, una propuesta desfavorable:

1. Afectaciones a los fabricantes
   Los productores de vehículos hubieran sido los primeros afectados, pues, en lugar de comprar las unidades fabricadas en territorio nacional –al menos un porcentaje considerable de ellas–, los consumidores hubieran optado por internar al país un vehículo a un precio más económico, sin tomar en cuenta que el bajo costo obedece, principalmente, a que se trata de una unidad que en ese país es prácticamente obsoleta e inutilizable, debido a que, en la mayoría de las ocasiones, no cumple con regulaciones ambientales y criterios de seguridad.
2. Impacto en la cadena de suministro
   El efecto no se queda únicamente en la producción. La regulación hubiera afectado también a toda la cadena de suministro, que abarca desde la fabricación de piezas o autopartes hasta la venta de los vehículos, disminuyendo el volumen de producción y provocando, por ende, posibles recortes de personal.
3. Baja recaudación
   Según la propuesta presentada en la Cámara de Diputados, regularizar los autos ‘chocolate’ representaría un ingreso para los gobiernos federales, estatales y municipales de alrededor de 50 mil millones de pesos.
   
   Sin embargo, esta acción hubiera generado, al mismo tiempo, una baja considerable en la recaudación de impuestos: por un lado, el que los fabricantes automotrices establecidos en territorio nacional pagan –como IVA e ISR– y, por otro, el que los compradores de vehículos nuevos asumen –a través del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) –.
4. Mayor contaminación, tráfico y problemas de movilidad
   Las organizaciones más importantes del sector automotriz nacional –AMIA y AMDA– expusieron que la posible regulación daría pie al ingreso de aproximadamente un millón de autos ‘chocolate’ durante los próximos ocho meses, además de los 18 millones que se estiman ya circulan en el país.
   
   Esta cantidad de unidades, en claro deterioro, y que incumplen con regulaciones ambientales en los EE.UU., incrementaría, sin duda, los niveles de contaminación y tráfico en algunas ciudades de México, trayendo consigo mayores problemas de movilidad a esas regiones.
5. Menos inversiones
   Finalmente, uno de los aspectos que más se hubiera visto afectado, sobre todo en el largo plazo, sería el de las inversiones.
   
   Ante el panorama aún más complicado que presentaría el mercado interno automotriz, los nuevos inversionistas encontrarían muy pocas razones para establecerse en nuestro país –¿para qué poner fábricas si los consumidores mexicanos no van a adquirir vehículos nuevos? –, mientras que los inversionistas ya establecidos podrían haberse visto obligados a reducir sus niveles de fabricación y, en consecuencia, provocar la pérdida de empleos.

<sub>1. Total nacional de vehículos, publicado por el Inegi –47,790,950 unidades–.
2. Exposición de motivos del diputado Manuel López Castillo, de Morena, el pasado 18 de octubre.</sub>

¿Cómo hacer frente a los ‘chocolate’?

Si no es de esta forma, ¿de qué otra se puede combatir el ingreso de vehículos ilegales al país? Bajo nuestra óptica, la estrategia para acabar con esta problemática debe ser abordada con una visión diferente y amplia, que no busque solo beneficiar a quien incumplió con la ley, sino que analice los casos particulares, de manera detallada, y fomente el mercado interno y su competitividad.

En primer lugar, una acción que se puede poner en marcha es el reforzamiento de la vigilancia y prohibición de la entrada de este tipo de automóviles a nuestro país; esto, para poder tener una mayor claridad respecto a que no habrá un incremento en el volumen de estos vehículos.

Sobre los autos ‘chocolate’ que ya circulan en el país, en lugar de promover su regularización vía el pago de una cuota, se tendría que verificar si cumplen con ciertas medidas ambientales y de seguridad y, en caso de no ser así, promover su chatarrización, mediante el ofrecimiento de beneficios o incentivos para adquirir un nuevo vehículo.

Sin duda se trata de una estrategia que, en un inicio, requerirá de recursos y un esfuerzo importante por parte de las autoridades; sin embargo, en el largo plazo, este planteamiento promoverá la venta de vehículos, agilizará el dinamismo de la industria automotriz, generará empleos, incrementará el consumó e impulsará el desarrollo del mercado interno.

Tal como estaba planteada, la iniciativa para regularizar los vehículos ilegales podría haber profundizado la crisis en la que actualmente se encuentra la industria automotriz nacional. Al ponerlo en una balanza, el perjuicio, en relación con el beneficio, era significativamente mayor.