T-MEC: los retos laborales para México

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2020.

La entrada en vigor del Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 1 de julio de 2020, significa una valiosa serie de oportunidades para distintos sectores de la economía nacional, así como un marco de certidumbre que, sin duda, servirá para apalancar el desarrollo del país.

No obstante, junto a esas ventajas, el cumplimiento de este acuerdo comercial que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –el cual estuvo vigente desde el 1 de enero de 1994– también enlista varios desafíos importantes, y uno de ellos es el aspecto laboral. 

¿Por qué decimos que es un desafío? Porque, hasta hace unos años, en México, no se habían dado las condiciones de carácter político, social, diplomático  y comercial, para que, a pesar de que ya existía una normatividad  que salvaguardara los derechos de los trabajadores, tales como la democracia sindical y la libertad de asociación, estos temas ocuparan, en verdad, un papel importante. Ahora, en cambio, se han dado los escenarios propicios, en las esferas antes referidas, para que adquieran una enorme relevancia.

Uno de los primeros grandes pasos que contribuyeron a hacer de esto una realidad ocurrió en febrero de 2017, cuando se realizaron modificaciones constitucionales en materia laboral para establecer un nuevo sistema de justicia, con la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces del trabajo, tanto federales como estatales, y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical. Más tarde, se dio un segundo paso con la Reforma Laboral, promulgada el 1 de mayo de 2019, que incluyó temas de negociación colectiva, democracia y transparencia sindical, así como de administración de justicia.

Sin embargo, la renegociación del tratado comercial regional, ahora llamado T-MEC, vino a reafirmar la obligación de salvaguardar los derechos laborales. ¿Por qué? Porque, ahora, para poder gozar de los distintos beneficios que ofrece el tratado, un requisito que debe cumplir México es garantizar, entre otras cosas, lo establecido en el capítulo 23 del acuerdo:

• La libertad de asociación y la negociación colectiva.
• La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, así como la discriminación en materia de empleo.
• La abolición del trabajo infantil.
• Regulación de salarios mínimos y horas laborales, así como seguridad y salud en el trabajo.

Cumplir con todos estos temas, como hemos dicho, es una tarea imperativa. Para hacerlo, será necesario mejorar las condiciones de los trabajadores, desde sus niveles salariales –que aún están muy por debajo de lo que señala el T-MEC (al menos para el sector automotriz)–, hasta garantizarles procesos sindicales más libres y transparentes para la elección de sus representantes y dirigencias.

Pero, además, el adaptarse a los nuevos procesos establecidos en la legislación actual, en concordancia con todos los requisitos del nuevo acuerdo comercial, exige vigilar y procurar la correcta impartición de justicia en el ámbito laboral.

Lo anterior ayudará a que, tanto los trabajadores, como las empresas y los diferentes gremios del país tengan certeza jurídica, lo que siempre será un atractivo para las inversiones y, consecuentemente, hará que los distintos actores salgan beneficiados dentro de la nueva etapa del comercio regional en América del Norte.

El autodiagnóstico empresarial y asesorías, factores clave

¿Cómo saber, como organización, en qué áreas debo trabajar y cuáles son las nuevas disposiciones laborales con las que debo cumplir? Para ayudar a las empresas a tener claridad respecto a la situación en la que se encuentran, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó una herramienta de autodiagnóstico, respecto al cumplimiento de los temas laborales del T-MEC.

Con esta herramienta, que cuenta con 57 preguntas, y que fue diseñada en conjunto con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, el sector empresarial busca anticiparse y evitar escenarios de implicaciones o demandas en su contra, provenientes, incluso, de los Estados Unidos o Canadá.

Esta medida, como cualquier otro esfuerzo enfocado al cumplimiento del tratado, sin duda es loable. Sin embargo, siempre será conveniente, adicional al autodiagnóstico, contar con la asesoría de un externo que nos pueda guiar en la forma de proceder respecto a los muchos temas que abarcan tanto el tratado comercial, como las leyes mexicanas.

La legislación es muy amplia. Por lo tanto, las empresas medianas y pequeñas se pueden perder en estos procesos, corriendo el riesgo de descuidar la operatividad de su negocio. En cambio, si se permiten acompañar en estos procesos de autodiagnóstico, por expertos en la materia, podrían acortar su curva de cumplimiento de estas obligaciones de manera relevante.

Esta opción resulta especialmente aconsejable para todas aquellas empresas que forman parte del sector manufacturero y están ligadas a la industria automotriz, la cual enfrenta una compleja transición hacia el nuevo tratado. Esto, debido al cumplimiento de nuevos temas como el Valor de Contenido Regional (VCR), el porcentaje de acero y aluminio empleado en la fabricación de automóviles y el Valor de Contenido Laboral (VCL).

En suma, las empresas deberán tener, a partir de este momento, mayores nociones en el tema del cumplimiento de sus obligaciones de carácter laboral, si es que quieren ser partícipes de los beneficios del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Sin duda, se trata de un tema relevante sobre el cual, incluso, a inicios de mes, se pronunció la AFL-CIO, federación laboral que aglutina a más de 12 millones de trabajadores sindicalizados norteamericanos, al señalar la importancia del cumplimiento e implementación de la nueva legislación laboral.

Cumplir con lo que dicta la ley protegerá a las organizaciones ante posibles sanciones y llamados de organismos de resolución de controversias. Además, será esa la clave que permita ver los efectos positivos de todos aquellos pasos que, en los últimos años, se han dado en materia laboral, contribuyendo no solo al bienestar de los empleados y de las empresas, sino al de todo el país.