Ante el robo de combustible

Además de la afectación directa que ocasiona en los ingresos tributarios –pues al vender menos litros, las autoridades recaudan menos, sobre todo en materia de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)–, el robo de combustible es un problema con múltiples efectos (desde daños a la infraestructura hasta afectaciones ecológicas) que, para resolverlo, requiere de una estrategia integral.

En ese sentido, recientemente, la SHCP anunció que trabaja junto con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras instituciones, en acciones concretas para terminar con este delito.

Pemex comenzó, hace ya algún tiempo, con la implementación de sistemas para medir en tiempo real la disminución de presión en sus ductos y así detectar el robo de combustible, así como con la instalación de cercos alrededor de su infraestructura; en tanto, las autoridades incluso han llegado a hacer uso de la fuerza pública para controlar este tipo de situaciones.

Por su parte, a la Secretaría de Hacienda, ¿qué le queda por hacer? En calidad de titular de las finanzas públicas de este país, la dependencia podría impulsar, por una parte, medidas o figuras legales que se incorporen dentro de la legislación mexicana para incrementar la pena o los castigos a quienes incurran en este tipo de delitos.

De igual forma, podría trabajar en incorporar en la ley los mecanismos necesarios para que las autoridades puedan intervenir en caso de sospecha de tenencia de combustible robado, o bien puedan desarrollar, a través de nuevas facultades, labores de inteligencia para perseguir la ‘cadena’ del dinero en los casos de robo de combustible.

Nuevo mercado, nuevos afectados

En la actualidad, el mercado de combustibles mexicano se encuentra en el camino hacia su total apertura para permitir la participación de inversionistas privados en toda la infraestructura, transporte y almacenaje de hidrocarburos.

En este contexto, el problema del robo de combustible toma una mayor dimensión, pues al desarrollarse ya en un mercado liberalizado, sobrepasa al principal afectado, que solía ser solo Pemex, e incluso puede llegar a representar una barrera importante para la participación del sector privado.

Así, de manera particular, este delito demeritaría la existencia de nuevos distribuidores y la comercialización en el mercado, mientras, de manera general, pondría en riesgo al mismo proceso de flexibilización y apertura del sector.

Por este motivo, es importante recalcar la necesidad de fortalecer el marco jurídico para combatir el robo de combustible, pues para poder atraer una mayor inversión no solo se necesita contar con ámbito económico sólido, sino también con uno legislativo.

No se trata solamente de abrir la ley a la participación del sector privado en el mercado de combustibles, se trata, en conclusión, de brindar las garantías que les permita a sus integrantes tener un retorno garantizado sobre sus inversiones.