¿Que sigue después de la reforma en materia de subcontratación?

El 23 de abril fue publicado, finalmente, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se prohíbe la subcontratación laboral. Con ello, entre otros aspectos, se elimina la deducción de este tipo de servicios y el acreditamiento del IVA pagado por los mismos, definiendo dicha práctica como defraudación fiscal y estableciendo, a la vez, la posibilidad, para las empresas, de recibir servicios especializados.

El tema de la subcontratación laboral o outsourcing ha formado parte de la agenda de la hacienda pública federal en los últimos años, debido a que las autoridades consideran que gran cantidad de esquemas de este tipo que fueron diseñados e implementados con la única finalidad de reducir cargas fiscales y, en diversas ocasiones, con el propósito de simular operaciones.

Pero, ¿qué sigue después de esta reforma para las organizaciones? El primer paso a considerar es atender el impacto de la misma, realizando, entre otras cosas, un análisis de las actividades principales, objetos sociales y contratos con proveedores y/o clientes; de lo que se trata, en general, es de revisar sus esquemas de operación, a fin de realizar las modificaciones necesarias para el debido cumplimiento de las nuevas regulaciones y, así, evitar caer en los nuevos supuestos de defraudación fiscal.

Asimismo, es fundamental que las empresas estén preparadas para los procesos de fiscalización que se vislumbran, derivados de esta reforma, ya que, de acuerdo con la Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación, correspondiente al periodo enero-junio 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) han iniciado operativos conjuntos.

Esto, con el fin de, en un principio, identificar y combatir esquemas dudosos de outsourcing, los cuales, en su caso, servirán para sentar las bases de colaboración entre dichas autoridades, para definir y alinear los procesos de fiscalización y revisión, a la luz de las nuevas reformas.

Recordemos que, durante 2020, el SAT implementó ciertas estrategias de cobro y fiscalización para sostener la recaudación tributaria, a través del aumento de la eficiencia recaudatoria, basándose en tres ejes centrales: el programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, el programa de caídas recaudatorias y el programa de trabajo enfocado en promover el pago de adeudos determinados, mediante acciones persuasivas e invitaciones a la regularización.

Estos tres programas representaron, en ese mismo año, un aumento en la recaudación de 136.3 mil millones de pesos, con respecto a 2019, por lo que se espera que esta estrategia continúe durante 2021. En ese sentido, es importante que los contribuyentes sigan implementando mejoras a los procesos de cumplimiento fiscal y regulatorio, ya que, en la actualidad, la fiscalización en tiempo real es, prácticamente, una realidad.

En adición, a principios de año, el SAT presentó un plan de fiscalización para grandes contribuyentes, en el que dio a conocer los principales rubros que serían objeto de revisión durante 2021, entre los que destacan, la validación de márgenes de utilidad, deducciones y tasas efectivas por sectores; la razón de negocio de las operaciones, esquemas reportables y el límite de deducción de intereses; además de la materialidad de las operaciones, la cual, a pesar de que ya se ha convertido en un aspecto del día a día, sigue representando retos importantes para los contribuyentes.

Finalmente, es importante también considerar un tema que ha sido comentado desde hace varios años: la posibilidad de una reforma fiscal para establecer un impuesto a las herencias. Al respecto, recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un reporte en el que explora el papel que los impuestos sobre herencias podrían desempeñar para aumentar los ingresos, abordar las desigualdades y mejorar la eficiencia en los países que forman parte de este organismo, entre los que se encuentra México.

Ante este escenario, será fundamental estar preparados, ya que es muy probable que, en el corto plazo, esta reforma se vuelva una realidad.