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Consecuencias de un Fallo desfavorable del Tribunal Fiscal

Por Yanira Armas, socia de Tax & Legal de Deloitte Perú

Conforme al Código Tributario, la Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) agota la vía administrativa; esto es, se trata de un acto definitivo que pone fin a la instancia administrativa, de manera que los actos contenidos en dicha resolución devienen en ejecutables.

Ahora bien, por mandato constitucional, las resoluciones administrativas que agoten la vía administrativa son susceptibles de impugnación ante el Poder Judicial mediante la acción contencioso-administrativa; sin embargo, la normativa dispone que la presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos contenidos en una RTF.

Así, por ejemplo, si una compañía es notificada con una resolución del Tribunal Fiscal que confirma una Resolución de Determinación que ordenó el pago de un Impuesto a la Renta de S/ 500,000 derivado del cuestionamiento de los gastos registrados por la compañía por servicios recibidos (por que no encontró, por ejemplo, a satisfacción , la documentación de soporte) dicha compañía podría verse compelida a entregarle a la SUNAT los S/ 500,000, más intereses y multas, pese a interponer válidamente una demanda ante el Poder Judicial dentro del plazo de tres (3) meses.

En efecto, de acuerdo con la normativa aplicable, en términos generales, la deuda tributaria se torna exigible, por lo que la SUNAT deberá emitir una Resolución de Cumplimiento y luego de ello podrá iniciar un procedimiento de cobranza coactiva, independientemente de la presentación de la demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial.

Ahora bien, existe la posibilidad de que la compañía le solicite al juez la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, previo otorgamiento de una fianza que garantice el 60% de la deuda tributaria exigible.

Contrariamente a lo que podría parecer, la medida planteada podría no ser un remedio efectivo para el contribuyente por lo siguiente:

  • El otorgamiento de la medida cautelar por parte del juez no es automático con la presentación de la fianza, sino que el juez debe evaluar los elementos de convicción aludidos por el solicitante y, en función de ello, otorgar o no la medida cautelar.
  • A través del procedimiento de cobranza coactiva, la SUNAT le otorga al contribuyente un plazo de siete (7) días hábiles para cumplir con el pago de la deuda. Cabe indicar que una vez vencido dicho plazo, el ejecutor podrá trabar las medidas cautelares que considere necesarias, como el embargo de las cuentas bancarias del contribuyente. Al respecto, las normas señalan que el banco no podrá comunicarle al contribuyente sobre la ejecución de la medida, sino hasta que la misma ya haya sido ejecutada.
  • Los jueces están obligados a correr traslado a la SUNAT sobre la solicitud de medida cautelar

Así, en la práctica, el pronunciamiento por parte del juez sobre el otorgamiento de la medida cautelar que suspenda el pago de la deuda puede exceder los 7 días hábiles que otorga SUNAT al contribuyente para el pago de la deuda o ejecución de la cobranza coactiva, lo que hace que, en buena cuenta, los contribuyentes se vean obligados a efectuar el pago antes de que el Juez emita pronunciamiento. Si el pago es efectuado, lo que correspondería es solicitar su devolución a SUNAT, una vez que  el Poder Judicial emita pronunciamiento firme sobre el tema.

Para mayor información escríbanos a deloitteperu@deloitte.com

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