Análisis

COVID-19 y gastos financieros

Por: Benjamín Uriarte, Socio de Impuestos de Deloitte Perú

A raíz de los impactos de la emergencia nacional en nuestra economía, el Gobierno solicitó facultades legislativas para introducir medidas de índole tributaria que mitiguen el impacto en las empresas.

Según el proyecto de delegación de facultades, se prevé que las empresas generarán pérdidas en el ejercicio 2020, por lo que una de estas medidas busca ampliar del plazo de arrastre de la pérdida sufrida en el presente ejercicio, más allá de los cuatro (4) ejercicios inmediatos posteriores que contempla la normativa vigente.

El contexto actual de recesión y crisis financiera mundial influirá en el capital de trabajo de muchas empresas al afectarse severamente la cadena de pagos y las expectativas de ventas; esto obligará a las empresas a buscar financiamiento y generar consecuentemente mayores gastos por intereses.

Desde la óptica tributaria, para los contribuyentes con ingresos anuales mayores a 2,500 UIT, la regla de subcapitalización prohíbe la deducción de los gastos por intereses devengados en el 2020 provenientes del endeudamiento con partes vinculadas o no que exceda de 3 veces el patrimonio neto del ejercicio 2019. Dada la naturaleza del IR de ser un impuesto de periodicidad anual, esta regla no podrá cambiarse para este año lo cual va a generar, para diversas empresas, sobrecostos en el IR e IGV.

Pero el escenario del año próximo podría ser más oneroso.

En efecto, el límite legal para poder deducir los gastos por intereses del ejercicio 2021 se calculará con base en el 30% del EBITDA tributario. Teniendo en consideración que este concepto se determinará en función a los resultados del ejercicio 2020 y previendo que muchas empresas sufrirán pérdidas este año por el impacto económico del COVID-19, el resultado es que estas empresas se verán obligadas a pagar innecesariamente un mayor impuesto por el 2021, pues una parte importante de sus gastos por intereses no superaría el límite y, por tanto, no resultaría deducible.

El Poder Ejecutivo debe evaluar los impactos que en el 2021 se van a generar de mantenerse la regulación prevista que entrará en vigencia ese año. Estamos a tiempo de evaluar oportunas modificaciones legislativas que busquen mitigar estos impactos que encarecerán de manera innecesaria el financiamiento de las empresas.

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