Análisis

COVID-19 y Factoring

Por: Benjamín Uriarte, Socio de Impuestos de Deloitte Perú

Mediante Decreto de Urgencia N° 040-2020 el Gobierno ha implementado un programa para favorecer el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) a través del factoring o descuentos de facturas negociables y letras de cambio, con la participación de las empresas de factoring supervisadas por o registradas ante la SBS.

Si bien el dispositivo legal publicado hace referencia a que las facturas o letras que reciben la cobertura del programa deben haber sido emitidas por MIPYMEs cuyas ventas anuales del 2019 no hayan sido mayores a 23,000 UIT, nos surge la duda si este monto se mantendrá así o será materia de regularización a fin de que concilie con el monto máximo de 2,300 UIT utilizado para calificar a estas empresas como MIPYME según lo señalado por el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial; y que viene siendo utilizado, consistentemente, para otro tipo de disposiciones legales, incluyendo aquellas con fines tributarios, tal como la reciente prórroga en el cronograma de vencimiento de las declaraciones juradas.

Dada la situación actual que afecta a empresas de todo tamaño, este tipo de programas constituye un mecanismo de financiamiento que ayudará a la recuperación del capital de trabajo de las empresas sin generar sobrecostos fiscales.

Recordemos que entre las últimas modificaciones de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, la Ley del IR) el límite (3 veces el patrimonio neto para 2020 y 30% del EBITDA tributario a partir del 2021) para la deducción de gastos por intereses, también se aplica a los endeudamientos con entidades no vinculadas, lo que generará sobrecostos fiscales encareciendo el financiamiento.

Mediante el factoring, los proveedores podrán obtener capital de trabajo sin sobrecostos tributarios, dado que esta modalidad goza de un tratamiento privilegiado: El gasto registrado no sería considerado como interés para fines tributarios; pues, según el D.S. 219-2007-EF, cuando se transfiere el riesgo crediticio al adquirente (“sin recurso”), la diferencia entre el valor nominal y el valor de transferencia constituirá un gasto deducible.
 

¿Y pueden beneficiarse los clientes?

Para ellos existe el “reverse factoring” que consiste en ofrecer a sus proveedores facilidades, en coordinación directa con las empresas financieras especializadas, para el factoring de las facturas correspondientes con tasas preferentes (mejores a las que cada proveedor pudiera obtener por su cuenta) y liquidez inmediata, obteniendo los clientes plazos ampliados para el pago, sin registro de gastos por intereses que estén sujetos a límites tributarios, reduciendo la necesidad de endeudamiento y optimizando el uso del capital de trabajo.

Por consiguiente, el programa gubernamental de promoción del factoring, además de ofrecer una solución al problema de liquidez con condiciones financieras ventajosas, se presentaría como una interesante fuente de financiamiento sin sobrecostos tributarios.
 

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