Servicios de gerenciamiento y similares que serán fiscalizados por SUNAT

Entre estos esquemas se encuentran los contratos de gerenciamiento entre empresas vinculadas domiciliadas en el Perú. Según sospechas de SUNAT, estas figuras podrían tener un trasfondo tributario que buscarían un menor pago de impuestos en perjuicio del fisco peruano.

Pero ¿SUNAT buscará atacar solo los contratos de gerenciamiento?

Creemos que la respuesta irá más allá de esta figura, llegando incluso a otros servicios intra-grupo, como los servicios de back office y cualquier otro que tenga similar estructura.

Previamente debemos recordar que desde el año 2012 existe el artículo XVI del Título Preliminar del Código Tributario, conocido como norma XVI, que buscaba desconocer las figuras legales que las empresas le daban a sus operaciones cuando el fondo económico era uno distinto. Sin embargo, esta norma XVI fue suspendida y en marzo del 2019, según la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo No. 1422, recobró vigencia de manera retroactiva al año en que fue suspendida, esto es, desde el 2012. Así, SUNAT habría recobrado su facultad para revisar y, de ser el caso, desconocer las figuras legales desde el año 2012 cuando éstas no tengan un sustento económico que las respalden, bajo la sospecha que se elaborarían solo con la finalidad de buscar un ahorro tributario.

Luego, el artículo 62-C del Código Tributario estableció las particularidades en que se llevarán a cabo las fiscalizaciones de SUNAT al amparo de la norma XVI, y recientemente en diciembre del 2019 se designó al equipo de trabajo denominado “Comité Revisor” quienes decidirán si una figura legal transgrede o no la norma XVI.

Así, en este contexto, en esta última semana SUNAT publicó en la sección de orientación al ciudadano de su página web, la primera versión de su “Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal” en cuya introducción señala que se ha identificado inicialmente 5 esquemas que podrían implicar un potencial incumplimiento tributario y consecuente aplicación de la norma XVI, entre los que se encuentra la figura del “Contrato de Gerenciamiento”.

El esquema descrito por SUNAT identifica algunas particularidades, tales como el valor de mercado del servicio y el gasto de planilla; sin embargo, también existen otras particularidades que si bien no son indicadas expresamente, consideramos que deberán ser evaluadas por las empresas, tales como son, si el costo de la planilla se mantendrá en una u otra empresa, el valor real de beneficio para la empresa A, el sistema de arrastre de perdidas tributarias de la empresa B, el plazo en que deberá efectuarse el cambio de esquema, entre otros. Podría, incluso, analizarse las implicancias que se generarían si la empresa A o B no fueran domiciliadas en Perú, sino en el extranjero o, incluso, si la empresa que presta el servicio domicilia en un país con quien el Perú tiene vigente un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI).

Para estar preparados frente a cualquier posición futura, es importante que las empresas soporten el modelo de negocio detrás del servicio de gerenciamiento, teniendo en cuenta, además, la normatividad de precios de trasferencia sobre el test de beneficio (1). Como se recuerda mediante dicho test se requiere que el contribuyente demuestre que el servicio recibido aporta valor económico o comercial a la empresa, que evidencie la efectiva recepción del servicio y su naturaleza, entre otros requisitos relacionados con el valor de mercado del servicio. Por tanto, si la empresa tiene un contrato de gerenciamiento, o en general servicios intra-grupo, es recomendable revisarlo para verificar el adecuado soporte documentario que permita demostrar la real necesidad del servicio y justificar el motivo por el cual se ejecutó el cambio de estructura, que podría gatillar que se clasifique dicha situación como un esquema de alto riesgo fiscal.

^{(1) Incorporado en el Art. 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta mediante el Decreto Legislativo No 1312 el 31 de diciembre de 2016 y modificado mediante el Decreto Legislativo No 1369 el 2 de agosto de 2018.}