Análisis

Suspensión de los plazos en los procesos judiciales tributarios

Por Dinorath Torpoco, Gerente de Tax & Legal

Contra la Resolución de Tribunal Fiscal (acto emitido por la última instancia en la vía administrativa) que confirma las observaciones formuladas por la Administración Tributaria, los contribuyentes pueden interponer una demanda contencioso administrativa, con la finalidad de obtener del fuero judicial un control de validez de los actos de la Administración Tributaria y del Tribunal Fiscal, o la tutela efectiva de sus derechos fundamentales.

Asimismo, el derecho a la pluralidad de instancias es expresión del derecho al debido proceso, que tiene por objeto que lo resuelto por un Juez en primera instancia pueda revisarse por un órgano funcionalmente superior, permitiendo de esta manera que lo resuelto por aquél, sea objeto cuando menos de un doble pronunciamiento jurisdiccional.

En ese sentido, en el proceso contencioso administrativo en materia tributaria, la demanda contra la Resolución de Tribunal Fiscal se interpone ante el juzgado especializado en lo tributario, y el recurso de apelación de la resolución emitida por el juzgado, se formula ante la Sala Superior especializada en asuntos tributarios.

A su vez, nuestro ordenamiento contempla la casación como un recurso extraordinario que tiene por objeto garantizar un adecuado método interpretativo a través de una motivación razonable y proporcional mediante la revisión de la resolución emitida por la Sala Superior.

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterados fallos que el derecho al debido proceso judicial comprende una serie de garantías, formales y materiales. Así, cuando un plazo cuyo transcurso impida que los justiciables puedan someter la protección de sus derechos e intereses legítimos, debe siempre interpretarse y resolverse en el sentido de permitir la mejor optimización de su ejercicio.

Es por ello, que en virtud del aislamiento social obligatorio (cuarentena) ordenado por el Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, que restringe el libre tránsito en el territorio nacional y por el cual no se puede acceder a un fuero judicial especializado en lo tributario desde el 16 al 30 de marzo de 2020, que el Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado el 15 de marzo de 2020 en el numeral cinco de la Segunda Disposición Complementaria Final, exhortó al Poder Judicial disponer la suspensión de los plazos procesales y procedimentales que consideren necesarios a fin de no perjudicar a los ciudadanos, así como las funciones que ejerce.

Bajo tal contexto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, publicada el 17 de marzo de 2020, ordenó la suspensión de plazos procesales y administrativos desde el 16 al 30 de marzo de 2020.

A su vez, mediante el Decreto Supremo N° 051-2020 PCM, publicado el 27 de marzo de 2020 se prorroga el estado de emergencia hasta el 12 de abril de 2020. En atención a ello, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 000117-2020-CE-PJ de 30 de marzo de 2020, ordenó la suspensión de los plazos procesales y administrativos desde el 31 de marzo al 12 de abril de 2020, reiniciándose el cómputo de tales plazos el 13 de abril de 2020. 

Por tanto, los plazos para interponer la demanda contencioso administrativa en materia tributaria, la apelación contra la resolución del juzgado especializado en tributario, o la casación contra la resolución de la Corte Superior, se suspenden desde el 16 de marzo hasta el 12 de abril, reanudándose el 13 de abril de 2020.

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