Perspectivas

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera

Ministerio de Hacienda - Presidencia de la Nación

Agosto 2019

Publicado a través de la Resolución 17/2019 de la Secretaría de Finanzas

Resumen Ejecutivo

Mediante la ENIF buscamos promover el acceso y uso, responsable y sostenible, de servicios financieros en el territorio argentino. De esta forma, queremos contribuir al desarrollo social y al crecimiento económico del país y a reducir la vulnerabilidad económica de los individuos y las empresas a través de la inclusión financiera. Teniend esto en cuenta, la ENIF establece objetivos estratégicos para el período de 2019 a 2023.

Entendemos por inclusión financiera al acceso universal a una oferta integral de servicios financieros, que resulten útiles para satisfacer sus necesidades; y que, por lo tanto, se usen activamente y sean provistos de manera sostenible y responsable.

Primero, la oferta de servicios financieros debe ser integral, es decir, enfocada en el crédito, ahorro, seguros, y pagos digitales. En segundo lugar, los productos financieros
ofrecidos deben ser prácticos y adecuados para que sean usados. Tercero, la oferta de servicios financieros debe ser sostenible, es decir, no debe depender de la asistencia pública, sino basada en modelos sostenibles. Por último, la oferta también debe ser responsable, es decir, los términos y condiciones de los productos financieros deben ser comunicados con total claridad y transparencia a los usuarios.

La agenda de inclusión financiera en la Argentina ocurre en un contexto desafiante. El sistema financiero tiene un muy bajo nivel de profundidad: el crédito representa apenas el 15% del PIB, ratio menor al de los principales países de América Latina. Este escenario tiene un marcado potencial ante herramientas eficaces que fomenten el
crecimiento. El conjunto de empresas financieras con fuerte componente tecnológico, por ejemplo, tiene un crecimiento exponencial, y han incursionado en distintos sectores del mercado financiero y de seguros.

En los últimos años hubo un avance considerable en el acceso de servicios financieros. Por ejemplo, en los últimos dos años hubo un crecimiento del 24% en la población que tiene una cuenta bancaria. Esto significa que, actualmente, el 80% de la población adulta tiene al menos una cuenta bancaria y una tarjeta de débito asociada.

Sin embargo, todavía es necesario incrementar el número de puntos de acceso del sistema financiero, que se encuentra por debajo del de otros países de América Latina. Además, estos puntos de acceso son particularmente escasos en las zonas de menor nivel socioeconómico y, cuando existen, suelen estar sobre-demandados y dar lugar a largas colas. Igualmente, con el creciente papel de la digitalización se podría aliviar la falta de capilaridad, aunque para eso es fundamental mejorar la infraestructura digital.

No obstante, el mayor desafío en la agenda de inclusión financiera es potenciar el uso de los servicios financieros. Según datos de encuestas, aproximadamente una de cada tres personas que tienen una cuenta no reconoce que la tiene. Al observar el uso de servicios financieros en Argentina, observamos que:

- aún existe una elevada participación del efectivo en los medios de pago, aunque el uso de pagos electrónicos esté creciendo.

- al menos la mitad de la población adulta posee algún producto de crédito. Desde la perspectiva de las empresas, se observa que hay disparidades en el acceso al financiamiento que afecta principalmente a las microempresas.

Respecto a las capacidades financieras de la población, aunque más del 80% conoce los productos financieros básicos (tarjetas de crédito y débito y depósitos en cajas de ahorro), una fracción minoritaria conoce alternativas más sofisticadas de productos. Esto implica que aún existe potencial de mejora en este punto.

Por otro lado, al analizar la evaluación internacional de la inclusión financiera en Argentina, nuestro país se encuentra en el puesto 9 de 55 en el ranking sobre los avances regulatorios que impactan en inclusión financiera producido por The Economist Intelligence Unit. El índice sugiere que, si se aumentara la coordinación entre el sector público y el privado, la estrategia de inclusión financiera podría ser el facilitador clave para la inclusión financiera en la Argentina.

Hubo avances significativos en diversos aspectos a partir de acciones que fueron implementadas en los últimos años en materia regulatoria y legislativa. A pesar de ello,
aún queda un largo camino por recorrer. En ese sentido, la ENIF sirve como guía para direccionar y unificar las medidas en materia de inclusión financiera de aquí en adelante.

Teniendo en cuenta este diagnóstico, la ENIF plantea tres objetivos estratégicos, así como medidas generales necesarias para lograrlos.

Los objetivos estratégicos son:

1. Completar y mejorar el acceso a cuentas de ahorro, crédito, medios de pago electrónicos, y seguros.

2. Potenciar el uso de cuentas, medios de pago electrónicos, y otros servicios financieros, como portal de entrada al sistema financiero.

3. Mejorar las capacidades financieras de la población y la protección al usuario.

Además, como objetivo transversal, la ENIF contempla mantener una perspectiva de género y procurar la inclusión financiera de grupos específicos con mayor riesgo de
exclusión, como jóvenes, adultos mayores, personas en el sector informal, migrantes, y refugiados.

La ENIF enfatiza el papel de la digitalización porque es un mecanismo muy efectivo para reducir costos y facilitar el surgimiento de competidores innovadores en el sector
financiero. En esta línea, para impulsar la inclusión financiera es clave fomentar la competencia, innovación, y transparencia.

Como primer paso, el Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, creado para coordinar las medidas necesarias para impulsar la inclusión financiera, priorizó
siete áreas de políticas públicas:

1. agencias complementarias de servicios financieros (corresponsalías bancarias);

2. información crediticia;

3. información alternativa;

4. medios de pago electrónicos;

5. acceso al crédito;

6. educación financiera; y

7. protección al consumidor financiero.

Finalmente, dada la relevancia de diseñar políticas públicas basadas en evidencia, se establece un marco de monitoreo y evaluación con indicadores de rendimiento para medir periódicamente el progreso e impacto de la ENIF.

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