Clases de penas de la Ley N.° 9699

Anteriormente se explicó de forma muy general la Ley 9699: “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”.

Se comentó sobre el tipo de personas jurídicas a las que les es de aplicación la Ley, así como de cuál es el propósito de la misma, la cual viene a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas con respecto a los delitos contemplado en la Ley N.° 8422 (Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública).

Considerando lo mencionado anteriormente, la Ley establece una serie de penas aplicables a las personas jurídicas por cometer un delito, la cual se encuentra en el título III “Penas”, específicamente en el artículo 11, el cual detalla como principales penas las que se muestran a continuación:

1. Una sanción de multa de mil hasta diez mil salarios base, con excepción de las empresas contempladas en el artículo 10 de la Ley (Personas jurídicas de pequeñas y medianas dimensiones), a las cuales se les impondrá una sanción de multa de treinta a doscientos salarios base, que son las personas jurídicas de pequeñas y medianas dimensiones (PYMES).
   
   Si el delito está relacionado con un procedimiento de contratación administrativa, a la persona jurídica responsable se le aplicará la multa anterior o hasta un diez por ciento (10%) del monto de su oferta o de la adjudicación, el que resulte ser mayor, y, además, inhabilitación para participar en procedimientos de contratación pública por diez años.
2. Pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que goce, por un plazo de tres a diez años.
3. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar o participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, por un plazo de tres a diez años. La inhabilitación se extenderá a las personas jurídicas controladas por la persona jurídica directamente responsable, a sus matrices y a sus subordinadas.
4. Inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social, por un plazo de tres a diez años. La inhabilitación se extenderá a las personas jurídicas controladas por la persona jurídica directamente responsable, a sus matrices y a sus subordinadas.
5. Cancelación total o parcial del permiso de operación o funcionamiento, las concesiones o contrataciones obtenidas producto del delito. Esta pena no se aplicará en el caso de que pueda causar graves consecuencias sociales o daños serios al interés público, como resultado de su aplicación.
6. Disolución de la persona jurídica. Esta sanción solo podrá aplicarse si la persona jurídica hubiera sido creada al solo efecto de la comisión del delito o si la comisión de delitos constituye su principal actividad. Esta pena no se aplicará a las empresas públicas estatales o no estatales ni a las instituciones autónomas.