Política presupuestaria frente a la COVID-19

La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación que ofrece a los Estados miembro orientaciones generales en materia de política presupuestaria para el período venidero. En ella figuran principios rectores sobre la formulación y la calidad adecuadas de las medidas presupuestarias. También incluye indicaciones generales en materia de política presupuestaria global para el próximo período.

En este sentido, la Comisión persigue impulsar una respuesta política coordinada y coherente a la crisis actual, para lo que se requiere de políticas presupuestarias creíbles que hagan frente a las consecuencias a corto plazo de la COVID-19 y apoyen la recuperación, sin poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

Coordinación de las políticas presupuestarias de los Estados Miembro

La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales resulta esencial para sostener la recuperación económica. La Comunicación precisa que la política presupuestaria debe seguir siendo ágil y adaptarse a la evolución de la situación. Además, advierte contra una retirada prematura del apoyo presupuestario, que debería mantenerse este año y el próximo.

Asimismo, la Comisión señala en este documento que, una vez que disminuyan los riesgos para la salud, las medidas presupuestarias deberían dar paso gradualmente a otras más específicas que promuevan una recuperación resiliente y sostenible.

En opinión de la Comisión, estas orientaciones facilitarán a los Estados miembros la elaboración de sus programas de estabilidad y convergencia, que deberán presentarse a la Comisión en abril de 2021. Las orientaciones se detallarán en el paquete de primavera del Semestre Europeo de la Comisión.

Consideraciones acerca del mantenimiento o desactivación de la cláusula general de salvaguardia

La Comisión propuso la activación de la cláusula general de salvaguardia en marzo de 2020 dentro de su estrategia para responder rápida, enérgica y coordinadamente a la pandemia de coronavirus. Ello permitió a los Estados miembros adoptar medidas para hacer frente adecuadamente a la crisis, apartándose de los requisitos presupuestarios que normalmente se aplicarían en el marco presupuestario europeo.

En la Comunicación figuran las reflexiones de la Comisión acerca de la manera en que se debería adoptar una decisión futura sobre la desactivación de la cláusula o su mantenimiento en 2022. En opinión de la Comisión, la decisión debe tomarse tras una evaluación global de la situación de la economía sobre la base de criterios cuantitativos.

El nivel de actividad económica en la UE o en la zona del euro, en comparación con los niveles anteriores a la crisis (finales de 2019), sería el criterio cuantitativo clave para la Comisión en su evaluación global de la desactivación o el mantenimiento de la cláusula general de salvaguardia.

En este sentido, las indicaciones preliminares actuales sugieren seguir aplicando esa cláusula en 2022 y desactivarla a partir de 2023.

Tras un diálogo entre el Consejo y la Comisión, ésta evaluará la desactivación o el mantenimiento de la aplicación de la cláusula general de salvaguardia sobre la base de las previsiones de la primavera de 2021, que se publicarán en la primera quincena de mayo.

Se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país tras la desactivación de la cláusula. En caso de que un Estado miembro no haya recuperado el nivel de actividad económica anterior a la crisis, se aprovechará toda la flexibilidad prevista en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, especialmente a la hora de proponer orientaciones de política presupuestaria.

Máximo aprovechamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

La Comunicación también da indicaciones generales sobre la vinculación de la política presupuestaria de los Estados miembros en 2022 con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este desempeñará un papel crucial a la hora de ayudar a Europa a recuperarse del impacto económico y social de la pandemia, contribuyendo a que las economías y sociedades de la UE sean más resilientes.

El MRR pondrá a la disposición de los Estados miembros 312 500 millones de euros en subvenciones y hasta 360 000 millones de euros en préstamos para la realización de reformas e inversiones. Esto supondrá un considerable impulso presupuestario y contribuirá a mitigar el riesgo de divergencias en la zona del euro y en la UE.

La aplicación del MRR también tendrá importantes repercusiones en las políticas presupuestarias nacionales. El gasto financiado mediante subvenciones del MRR impulsará considerablemente la economía en los próximos años, sin aumentar el déficit y la deuda nacionales. También animará a los Estados miembros a aplicar políticas presupuestarias que favorezcan más el crecimiento.

 La inversión pública financiada mediante subvenciones del MRR debería sumarse a las inversiones públicas existentes. Solo si el MRR financia inversiones productivas adicionales y de alta calidad contribuirá a la recuperación y aumentará el crecimiento potencial, sobre todo si se combina con reformas estructurales en consonancia con las recomendaciones específicas por país.