Las lagunas de la plusvalía municipal

En mayo de 2017 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de determinados preceptos reguladores del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como plusvalía municipal, en la medida en que no habían previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.

Posteriormente, en julio de 2018 el Tribunal Supremo vino a aclarar el alcance de dichos pronunciamientos, confirmando la posibilidad de liquidar la plusvalía municipal cuando el contribuyente no acreditase la inexistencia de incremento de valor en los terrenos proponiendo cualquier elemento de prueba, como pudiera ser la diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión que se reflejasen en las correspondientes escrituras públicas, correspondiendo subsidiariamente a la Administración la probatura de lo contrario.

Con estos pronunciamientos no se resolvió toda la controversia existente puesto que diversos Juzgados y Tribunales continuaron planteando distintos recursos de inconstitucionalidad para tratar de esclarecer algunas dudas interpretativas derivadas de la primera sentencia del Tribunal Constitucional. En este contexto, el pasado 31 de octubre el citado Tribunal emite una nota informativa anticipando la parte dispositiva de una reciente sentencia, donde habría resuelto que, existiendo ganancia, la cuota del impuesto tampoco podría superar a lo ganado por el contribuyente con la venta del terreno, pues de lo contrario se estarían contraviniendo los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad consagrados en el artículo 31.1 de nuestra Constitución.

Deberemos estar atentos a futuros pronunciamientos en asuntos todavía pendientes, pero, sobre todo, deberemos valorar con expertos las opciones de recuperación existentes de los importes ya ingresados, bien mediante autoliquidaciones previas, bien tras liquidaciones administrativas practicadas en el pasado; y todo ello sin perder de vista la actual tramitación parlamentaria del proyecto de reforma de la Ley de Haciendas Locales, que pretende resolver algunas de las citadas lagunas jurídicas planteadas por esta figura tributaria.