Robots con puñetas

Recientemente hemos asistido al gran debate social que ha provocado la sentencia del Tribunal Supremo acerca de quién debe pagar los gastos del impuesto de actos jurídicos documentados a la hora de constituir una hipoteca. Hemos oído todo tipo de opiniones tanto a favor como en contra. Y hemos presenciado incluso movilizaciones ante las puertas del Tribunal de personas que se resistían a aceptar su veredicto.

Sin embargo, lo que no ha suscitado ninguna inquietud social ha sido el tiempo que ha tardado la sociedad española en darse una respuesta a una cuestión que afectaba a muchísimos españoles. Tampoco sobre los recursos en ella empleados. Han sido tres años, en los cuales –además- se han invertido muchos recursos públicos y privados. Hasta que un asunto llega al Tribunal Supremo, intervienen previamente otras instancias administrativas y judiciales. Para la decisión de este asunto, habría intervenido el órgano administrativo que liquidó el tributo (1 funcionario), el órgano administrativo que resolvió el recurso de reposición (1 funcionario), el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid (5 funcionarios), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid  (5 magistrados) y el Pleno del Tribunal Supremo ( 28 magistrados). Sumémosle abogados y procuradores en las fases judiciales (4 x 2).  Multiplíquese ese número final por el número de asuntos de contenido idéntico que se han tramitado de forma simultánea. 

Una cuenta parecida podemos hacerla con otro asunto reciente como ha sido la decisión sobre el impuesto municipal de plusvalía. En este caso, al plantearse la adecuación del tributo municipal de plusvalía con la Constitución, tuvo que intervenir también el Tribunal Constitucional, incrementando así la cuenta del número de Magistrados (10) que han intervenido en la resolución del asunto, así como de los profesionales (abogado, procurador) a los que debe sumarse, en este caso, también el Ministerio Fiscal.

Con nuestra mentalidad de juristas, nacidos y crecidos en un sistema de justicia cuyos cimientos datan del siglo XIX, diríamos que ha sido incluso poco el tiempo que se ha tardado en llegar a una decisión del Tribunal Supremo. “Sólo” tres años en el caso del impuesto de actos jurídicos documentados y cuatro en el de la plusvalía.

La pregunta ahora es: ¿una sociedad moderna como la nuestra necesita tres o cuatro años y el empleo de todos esos recursos públicos y privados para decidir cuestiones que afectan tanto a tantos ciudadanos? ¿De verdad no hay otra manera de decidir de forma rápida y para todos la cuestión de si el sujeto pasivo de un impuesto es el banco o el cliente? ¿No hay otra manera de decidir de forma rápida y para todos la cuestión de si el impuesto municipal de plusvalía, que se liquida todos los días a muchos ciudadanos, es contrario a la Constitución?

Nuestros ojos de juristas están acostumbrados a ver normal la necesidad de partir de un caso concreto y agotar previamente todas las instancias administrativas y judiciales para que los grandes tribunales puedan emitir su opinión. Vemos también normal que los altos tribunales tarden hasta diez años en llegar a analizar y aplicar una ley que el resto de operadores jurídicos empieza a aplicar desde el día siguiente a su publicación, a ciegas, con la sola guía del texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Convendría, quizás, mirar nuestro sistema de justicia con otros ojos. Abandonemos creencias interiorizadas como verdades incuestionables.  “Think out of the box”, dirían los ingleses. Pensemos en el sistema ideal que hoy construiríamos si partiéramos de cero. Creo no equivocarme si digo que probablemente no sería ni parecido al que hoy tenemos.

Dicen que pronto el trabajo de muchos –también el de los abogados- podrá ser realizado por robots. Por qué no, también el de Sus Señorías. Quizás veamos entonces robots con puñetas resolver en décimas de segundo miles de procedimientos acumulados, presentados, claro está, también por robots.

Pero, entre tanto llega ese día, ¿podríamos poner algunos parches en nuestro decimonónico sistema de justicia para anticipar la decisión de aquellos asuntos que afectan tanto a tantos?  Creo que todos saldríamos ganando y pondríamos el listón un poquito más alto a los robots que nos sucedan.