Medición de corrupción en México

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Así se mide la corrupción en México

Algunos aseguran que se trata de una cuestión cultural, otros, que es un problema del Estado de derecho y de cumplimiento de leyes, lo cierto es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad.

De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como “el abuso del poder para beneficio propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”.

En México, su impacto puede percibirse en diversos ámbitos de la vida nacional, pero ¿cómo podemos medirlo?

Según el estudio “México: Anatomía de la Corrupción (2ª edición)”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), si definir a la corrupción resulta un ejercicio complejo, medirla lo es aún más.

Por ello, precisa el documento, ante la dificultad -o incluso imposibilidad- de conocer exactamente el número de actos de corrupción cometidos, se han desarrollado metodologías alternativas para su medición.

En ese sentido, el análisis explica que las mediciones más utilizadas son los índices de percepción que, en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a ciudadanos y paneles de expertos para conocer su apreciación acerca de los niveles de corrupción en un país y/o en algunas de sus instituciones.

Con estas mediciones –asegura– se busca tener una idea aproximada de la frecuencia de los actos de corrupción bajo el supuesto de que si la incidencia de los mismos es mayor también será mayor el nivel de la corrupción que sus ciudadanos y expertos perciban.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elabora diversos análisis y encuestas que permiten construir un panorama sobre la percepción de la corrupción en México.

De acuerdo con su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2015, la mitad de la población mayor de 18 años consideró que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus estados, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.

El mismo documento revela que 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales.

Por otro lado, en lo que se refiere al sector privado, el Inegi revela en su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, la primera en su tipo, que la corrupción en el país es vista por este sector como uno de los cinco principales obstáculos para el crecimiento de las empresas.

El mismo análisis develó que 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de corrupción para agilizar algún trámite, mientras que 39.4% señaló como motivo el evitar multas o sanciones.

Cuantificar el impacto de la corrupción es un proceso complejo, no obstante, son varios los esfuerzos que se han hecho en nuestro país para dimensionar este problema.

¿Cuánto cuesta la corrupción?

Los costos monetarios son solo una de las consecuencias que traen consigo los actos de corrupción en México y que diversos organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales han tratado de medir.

El Banco Mundial estima que este fenómeno representa 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que el Inegi, a través de su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, ha tratado de hacer una cuantificación del costo de este problema.

El Instituto divide al costo monetario de la corrupción en dos: directo e indirecto. El primero -explica- se refiere al el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones.

El indirecto puede ser monetario o no monetario, y se manifiesta de diferentes formas, por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia, una mayor desigualdad en la distribución de los recursos o una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otras.

El Inegi descubrió que el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, pero que el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población.

Así, definió que el costo total por actos de corrupción en millones de pesos fue de 6,419 para la población y de 1,612 para las unidades económicas o empresas, mientras que el costo promedio de un acto de corrupción fue de 2,799 pesos por adulto víctima y de 12,243 por empresa víctima.

Como señala la institución, es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción, no obstante, resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la sociedad.

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