¿Cómo afectaría al ciudadano común una posible baja en la calificación crediticia de México?

Ciudad de México, 25 de marzo de 2019.

El primer día de marzo, la calificadora Standard and Poor’s (S&P) disminuyó la perspectiva crediticia de México, al pasarla de “estable” a “negativa” en el ranking que utiliza para evaluar la capacidad de pago de los gobiernos, siguiendo los mismos pasos de Fitch, que realizó lo propio el año pasado.

En sentido estricto, esta situación no afecta a la deuda soberana en sí, pues lo único que bajó fue la perspectiva de la calificación crediticia, mas no la calificación como tal. Sin embargo, en Deloitte, consideramos que la acción de S&P representa una clara señal de advertencia hacia algunas de las medidas que está tomando el gobierno actual, sobre todo en materia energética, las cuales tienen un impacto directo en las finanzas públicas del país.

Por esta razón, y en vista de la polémica que ha causado la noticia de la rebaja de la perspectiva crediticia, cobra importancia preguntarnos: ¿qué pasaría en caso de que en verdad baje la calificación de México? Y, ¿cómo impactaría esto no solo al gobierno sino a los ciudadanos en general?

La calificación crediticia que otorgan las agencias se basa en un análisis del historial crediticio de un país (o en su caso empresas) para observar su capacidad de pago, es decir, se analiza si cuenta con buenas finanzas para devolver el dinero que le fue prestado. Es así que, a menor calificación crediticia, es mayor el riesgo de que el gobierno no pueda pagar su deuda, por lo que aumentan los intereses que debe cubrir.

Para entenderlo mejor, imaginemos que debemos 100 dólares como país y que, de intereses, tenemos que pagar 5 dólares. Si las calificadoras nos dan una peor calificación, los intereses aumentan a, por ejemplo, 6 dólares, porque el riesgo de prestarle al país es más alto.

¿Y de dónde sale el dólar adicional para cubrir esos intereses? La respuesta es sencilla: del bolsillo de todos los ciudadanos. ¿Cómo? Por medio de más impuestos, menos gastos de gobierno (que de otra forma podrían dirigirse a proyectos productivos o de educación, por ejemplo) o deuda adicional. Además, se crearía un ambiente de mayor riesgo para los empresarios, los cuales podrían detener sus planes de inversión, generando así menos empleos.

Es importante señalar que, a pesar de que S&P bajó la perspectiva de calificación crediticia, México todavía se encuentra dentro de parámetros relativamente normales en los tabuladores crediticios; es decir, nuestro país aún es considerado apto para invertir (y está tres escalones por encima de perder el grado de inversión, de acuerdo con esta calificadora). A nivel Latinoamérica, somos el segundo país mejor calificado para invertir, después de Chile y por encima de Brasil, Colombia o Argentina.

Pero esto no puede ni debe ser un aliciente ante la situación en la que actualmente nos encontramos, sino más bien un llamado de atención para cuidar las estrategias financieras, de modo que no se afecte la deuda de la nación y, por ende, la economía de todos nosotros.

Los factores de riesgo

La baja en la perspectiva crediticia de México, según informó S&P, se debió principalmente a los siguientes factores:

1. La débil posición financiera que mantiene Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa paraestatal a la que la calificadora también le redujo su perspectiva crediticia, ya que, aunado a los intentos por tener una participación más activa de parte del gobierno federal, las metas fiscales podrían desestabilizarse.
2. La pérdida de confianza de los inversionistas ante la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco.
3. La limitación de la participación privada en materia energética.
4. La centralización de la toma de decisiones del gobierno federal, pues la posible injerencia de la administración pública en toda la cadena de la industria energética aumenta la incertidumbre para invertir en el país.

En caso de que alguno o varios de estos temas se llegaran a complicar en el largo plazo, las repercusiones a las finanzas públicas serían mayores y, entonces, ya no solo se verían mal evaluadas las perspectivas crediticias de México, sino, peor aún, la propia calificación.

El plan del gobierno federal para rescatar a Pemex es un tema que requiere especial atención por parte de las autoridades, pues su anuncio fue lo que, en mayor medida, repercutió en la calificación que dio S&P a la perspectiva crediticia del país.

Recordemos que, desde finales de enero, los problemas de la deuda de Pemex derivaron en una reducción en la calificación crediticia de la paraestatal otorgada por la calificadora Fitch Ratings, que consideró que el plan de rescate no tenía el propósito de mejorar la rentabilidad de la paraestatal, sino más bien servirle como un apoyo monetario que, además, resulta insuficiente para subsanar la situación financiera de la paraestatal.

Por lo que hasta ahora hemos visto, el gobierno se está comportando de manera adecuada en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Por ello, bajo nuestra óptica, observamos lejana una disminución drástica de la calificación crediticia del país; sin embargo, como señalamos anteriormente, si queremos crecer más rápido y de forma sostenida, es necesario alentar la inversión a través de una mejor asignación de los recursos disponibles.

Y si realmente esto es lo que se busca, se debería promover una mayor productividad y eficiencia en sector energético del país, que de ninguna manera impacte en nuestra deuda soberana.

Endeudarse más significaría, en suma, pagar más intereses y tener menos dinero para inversión pública y para políticas sociales, lo cual afecta directamente a la ciudadanía; es como una bola de nieve que no se detiene y que, por el contrario, cada vez se hace más grande.