Corrupción al realizar trámites

Y es que no se trata de realizar un pago indebido para que los trámites se agilicen, sino que los procesos no suelen completarse si no hay un desembolso de por medio. Así la última alternativa para las empresas después de intentar realizar gestiones por canales normales y no lograrlo, es recurrir a la corrupción para concretar sus solicitudes.

Sin permisos, licencias o servicios como conexión a la energía eléctrica, drenaje, vialidades o alumbrado público, etc., las empresas no pueden comenzar a operar, así que tienen un gasto doble: el gasto legítimo y el gasto ilícito al tener que pagar sobornos o dádivas a funcionarios públicos.

Esta situación ahuyenta a los inversionistas que buscan establecerse y hacer negocios en el país, sobre todo a los extranjeros provenientes de economías más maduras donde deben cumplir con leyes y regulaciones anticorrupción que les impiden llevar a cabo pagos de esta naturaleza para facilitar trámites o para obtener servicios públicos.

Es necesario simplificar los trámites y que los distintos niveles de gobierno acuerden y unifiquen sus procesos porque en ocasiones es necesario realizarlos a nivel municipal, luego a nivel estatal y finalmente federal, por lo que resulta complicado operar en esas condiciones.

En algunos estados se han elevado a rango constitucional la mejora regulatoria y el gobierno digital para combatir la corrupción en trámites y que sean más rápidos y económicos. Si se toman medidas para estandarizar los requisitos, facilitar los trámites, si hay claridad en lo que se necesita para establecer un negocio, si se cierran las oportunidades de que el servidor público pueda solicitar un soborno o una dádiva a cambio de atender una solicitud, conceder un permiso o brindar un servicio público, también se evita que quien hace el trámite no tenga oportunidad de ofrecer esos pagos indebidos.

Naturalmente estas entidades atraen a los empresarios que generan fuentes de empleo y las acciones de gobierno promueven la actividad económica productiva.

Es una buena señal que se lleven a cabo este tipo de estudios desde el gobierno federal para medir y obtener datos estadísticos de cómo percibe el empresario su experiencia al hacer trámites y al solicitar servicios públicos, pero la información es útil solo si se transforma en acciones específicas de mejora por parte de los gobiernos tomando en cuenta que no hay manera de que algo mejore si no existe una medición.