Firma electrónica del SAT

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2019.

A partir del 1 de enero de 2020, comenzará una nueva etapa para la obtención de la firma electrónica (FIEL), un conjunto de claves informáticas que sirven para que los contribuyentes emitan facturas, se identifiquen ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y puedan solicitar sellos y certificados digitales. Desde ese día, los requisitos para obtenerla se volverán más rigurosos.

Con estas medidas, que resultan de cambios al Código Fiscal de la Federación, planteados en el Paquete Económico del próximo año, el gobierno busca investigar a todos los contribuyentes y combatir a las empresas facturadoras de operaciones inexistentes.

La información que próximamente podría solicitar el SAT es toda la relacionada con la identidad, domicilio y, en su caso, situación fiscal del contribuyente que busca obtener la firma electrónica. De no entregar todos estos datos y obtenerse su validación por parte de la autoridad, ésta podrá negarles el otorgamiento de la misma.

¿Qué implicaciones traerán consigo estas nuevas disposiciones fiscales? Desde nuestro punto de vista, consideramos que, aun cuando los nuevos requisitos son adecuados para mejorar el combate a la defraudación fiscal, cometido a través de facturas apócrifas, al mismo tiempo ocasionarán dificultades a todos los contribuyentes.

Si ya desde este momento existe una burocracia complicada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el nuevo ordenamiento podría demorar los procesos que regularmente siguen los contribuyentes.

Pero no solo eso: la actual administración también se enfrentará a una mayor carga de trabajo, pues contará con más información para analizar y con nuevas facultades para fiscalizar y llevar a cabo acciones jurídicas contra las personas o sus patrimonios. Además, las devoluciones de impuestos seguramente se incrementarán, y eso también la obligará a contar con una mayor capacidad para atender los casos respectivos.

En Deloitte, creemos que el hecho de implementar medidas generales para combatir a los factureros apócrifos es bueno, ya que se combate desde el origen a dichas figuras ilegales que, de acuerdo con el mismo órgano hacendario, evaden al fisco por una cantidad aproximada de 354 mil 512 millones de pesos.

Sin embargo, combatir este delito mediante disposiciones generales no resulta lo más idóneo, pues se afecta de paso a todos los contribuyentes que sí son cumplidos.

Desde nuestro punto de vista, el SAT debería implementar filtros o reglas específicas para identificar a quienes incurren en estas actividades ilícitas y, por otro lado, agilizar y facilitar el otorgamiento de la FIEL a las personas responsables.

En conclusión, el enfoque de la autoridad fiscal, en la práctica, tendría que encauzarse a combatir a quienes suelen realizar actividades fraudulentas. De lo contrario, se corre el riesgo de que las nuevas disposiciones sean solo medidas recaudatorias contra los contribuyentes cumplidos y no acciones para verdaderamente castigar a quienes delinquen.