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Perspectivas
Las dos caras de la Ley de Seguridad Interior
Para entender mejor la Ley de Seguridad Interior, norma jurídica que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en el país, promulgada el pasado 21 de diciembre 2017 por el C. Presidente de la República, en mi opinión, es necesario entender el antecedente histórico, es decir, por qué es necesaria una ley tan criticable, verlo desde el punto de vista del militar, del ciudadano desprotegido frente a la delincuencia común y, sí, desde el derecho humano de todas las partes involucradas.
Por: Jorge García Villalobos, Socio de Forensics & Disputas en Deloitte México.
Ciudad de México, 4 de enero de 2018.
Por un lado, los críticos. Algunos activistas dicen que es ley muy peligrosa para todos nosotros porque es una norma jurídica que pone en riesgo los derechos humanos de la población, en su opinión, al permitirle a las Fuerzas Armadas tomar el control de la seguridad en determinadas situaciones y lugares, pues puede prestarse a muchos abusos, pues a pesar de que sí se hablado de que los militares deben actuar con respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, para los defensores de estos derechos esto es solo una mención y no está claramente definido.
Otros señalan que la ley no favorece a la creación de cuerpos policiacos, que los militares tendrán mucho poder, que pueden reaccionar con la fuerza letal y que el país se militarizará, entre muchos otros argumentos.
En mi opinión, pueden tener razón en algunas cosas, pero el que los militares tengan un marco legal que les diga cómo y dónde deben actuar no solo les beneficia a ellos, sino también a la población que, en muchos estados y municipios, pide su presencia.
En ese sentido, es importante que la población sepa cuáles son los derechos y obligaciones de los militares, pues solo así la población tendrá tranquilidad para exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones de acuerdo con la ley.
De igual forma, no se debe olvidar que los militares son sujetos de la ley y que, por ende, tienen derechos humanos, pues ellos también forman parte de la población.
Me parece que quien dice que el país está militarizándose se equivoca, el país ya tiene actuando al Ejército en las calles en temas de prevención e investigación de ilícitos, sin que esta sea su función, por la corrupción y la falta de policía existentes.
No es que las Fuerzas Armadas vayan a tomar las calles, es que se van a normar las actividades que estas Fuerzas ya vienen realizando y realizarán en diversos lugares del país.
En pláticas con el General Secretario y con miembros de las Fuerzas Armadas que voy a revelar aquí porque no cometo una indiscreción, ya que en foros públicos lo ha comentado el General Secretario, el militar no quiere estar en las calles, no tienen la preparación policiaca, ellos son los primeros en exigir una regla, una norma jurídica clara, porque se les pide protección de la población, que actúen contra una delincuencia que los identifica claramente, que los embosca.
Porque el militar cumple con la ley, pero el delincuente no, y por ello actúa con premeditación, alevosía y ventaja, es decir, utiliza el factor sorpresa, lo que provoca que en muchas ocasiones el militar tenga que reaccionar en defensa propia, acto por el que luego se le puede juzgar, por excesos y abusos, que sí se han cometido y aceptado, pero son los menos.
Me confiaba el General Secretario que el Ejército ha desplegado cerca de 35 mil efectivos en el territorio nacional para combate a la delincuencia, realiza sobre 1500 operativos diarios, sí, con muchos problemas y dificultades, con muchas bajas, pero también con éxito.
Para realizar un análisis objetivo de esta iniciativa, es necesario estudiarla desde el punto jurídico y social para entender los pros y contras.
¿Y la policía?
En materia policiaca, tenemos un socavón: policías municipales y estatales sin capacitación, mal pagados, con altos grados de corrupción e impunidad, sin valor, ni misión; incluso la Organización para las Naciones Unidas (ONU) ha manifestado que en Mexico hacen falta 115 mil policías, que es la norma mínima para seguridad en un país.
En mi opinión y experiencia, necesitamos un estado de fuerza mayor de 300 mil policías, pero es otro tema que traigo, porque aquí es donde nace la necesidad del ejército en las calles.
Actualmente, en México, existen municipios –600, para ser exactos– que no tienen policía para garantizar la seguridad de sus ciudadanos –. ¿Quién está en estos lugares haciendo sus labores? Las Fuerzas Armadas, porque de lo contrario no estaría nadie y la población seguiría huyendo de los pueblos y ciudades.
Para dimensionar el problema y entender que sí es importante tener una Ley de Seguridad Interior, pongamos, por ejemplo, el caso del condado de Los Ángeles, California, y puedo hablar de otros países o ciudades, pero en mi experiencia de más de 30 años en tema de investigación y seguridad, es un comparativo muy válido.
Este condado tiene un estado de fuerza policial de aproximadamente 90 mil elementos policiacos federales y locales, sin contar a la guardia nacional y al ejército, en México, hay ciudades que no tienen policías, pero en estas ciudades, quien presta el servicio policial es el departamento de Sheriff, a quien el Presidente Municipal contrata para los servicios de seguridad pública, es decir, le paga por ello.
Ahora la pregunta es, en México, ¿quién puede apoyar a los municipios que carecen de servicio de seguridad pública? La respuesta es el Ejército. ¿Y cobra por este servicio? Pues no. La Policía Federal, ¿y les cobra por el servicio? Pues no.
Es por ello que no es un tema fácil, hablar de los pros y contras de esta legislación es complicado, porque mientras nuestro país no produzca un recurso humano policial suficientemente sólido y capacitado, el Ejército seguirá interviniendo en las labores de seguridad.
¿Cómo afectará esta ley al ciudadano?
Nos afecta a todos. Si en la capital del país no hemos sido testigos aún de la presencia de los militares en las calles es debido en gran parte a la fuerza policial con la que contamos, mucho mayor que la que tienen diversos estados del país, sin embargo, en algunos sitios del país esto es algo cotidiano, lo que implica que Ejército haga labor de policía, pero utilizando su fuerza.
¿Qué quiere decir esto? Que con ellos no se juega, si te marcan el alto y tú no haces caso ellos pueden reaccionar, que si te piden documentos, tienes que darlos, que pueden acordonar la escena del crimen; el militar reaccionará como policía sin estar preparado y, ojo, esto puede ser violatorio de tratados internacionales porque una cosa es el Ejército y para qué están, y la otra, muy distinta, es la función policial.
El dilema es ¿qué hacemos, cómo protegemos a la población que quiere trabajar y vivir en paz? y digo “hacemos” porque nos afecta a todos y porque es responsabilidad de todos nosotros entender la problemática y aportar ideas de solución.
En mi experiencia, creo que no debemos ser tan drásticos al criticar la ley, porque miren, el mismo militar que enfrenta a la delincuencia, es el mismo militar que salva a la población y de paso al delincuente en casos de desastres naturales, en el plan DNIII; es el mismo Ejército al que muchas veces las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) reconocemos y felicitamos, para ejemplo el caso del sismo del pasado 19 de septiembre.
Un tema para mucho debate, mucho análisis, pero lo que todos tenemos que buscar es la seguridad de nosotros y nuestros seres queridos, que regrese una paz con los derechos humanos de todos a salvo.
