SAT: a mayor recaudación, ¿mayor frustración del contribuyente?

Ciudad de México, 1 de marzo de 2018.

Y es que la frustración de los contribuyentes para obtener devoluciones, sobre todo las correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), sigue estando a un nivel sumamente alto, producto de la falta de facilidades del SAT para realizar estos trámites.

Para la devolución de estos saldos, el contribuyente se enfrenta a una serie de trabas –como el tiempo, nuevas solicitudes por parte de la dependencia–, que parecieran tener como único objetivo evitar que éste logre tener acceso a las cantidades a las que, legalmente, tiene todo el derecho.

En ese sentido, el SAT debe trabajar en facilitar el proceso de devolución de saldos a favor y pagos de lo indebido¹ para los contribuyentes, quienes sin duda seguirán motivados para solicitar estos recursos, porque requieren de ese flujo.

De igual forma, es fundamental que el gobierno analice el destino y la utilización que se le está dando a los ingresos tributarios obtenidos, pues el hecho de que los años con cifras récord de recaudación también sean los años de deuda récord es una señal de que, sin duda, algo estamos haciendo mal.

Tecnología, ¿facilitador del SAT o del contribuyente?

Como muchas organizaciones gubernamentales y privadas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha apostado por la tecnología como una forma de aumentar de manera dramática su eficiencia y su eficacia, y vaya que lo ha logrado.

En la actualidad, mediante los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), la contabilidad electrónica, los reportes de precios de transferencia, entre otras iniciativas, el SAT ha logrado ser mucho más científico en lo que se refiere a la preparación de sus revisiones.

Esta situación, se pensaría, genera una mayor seguridad jurídica al contribuyente, pues el SAT ya tiene los conocimientos sobre qué debe y qué no debe revisar. Lo cierto es que, desgraciadamente, este acceso automático, inusitado y sin antecedentes previos de información valiosa del contribuyente lo que en realidad ha generado es un aumento en la cantidad y en el nivel de agresividad de las auditorías.

El SAT le ha transferido al contribuyente la carga de la administración y generación de información fiscal a ser explotada vía ejercicio de facultades de comprobación, algo que tendría que hacer la propia dependencia, y a cambio de esto el contribuyente en realidad no ha visto demasiados beneficios, más allá de una mayor facilidad para que la autoridad fiscal lo audite y emita liquidaciones.

La conclusión es clara: todo el entramado de herramientas y obligaciones tecnológicas que ha impulsado la autoridad fiscal para el contribuyente, realmente no tiene otro objetivo que facilitar la labor del SAT como órgano fiscalizador y recaudador.

Mercado informal, una preocupación

Una de las áreas en las que el SAT ha logrado buenos resultados es en el padrón de contribuyentes. Durante 2017, el padrón creció 13.9% en comparación con el año anterior, alcanzado un total histórico de 64.7 millones de contribuyentes activos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El SAT ha hecho una gran labor en este aspecto, lo que sin duda es una buena noticia, pues entre más gente pague impuestos, menos presión hay para los contribuyentes cumplidos o cautivos que claramente están en el radar de la autoridad fiscal.

No obstante, es un esfuerzo que se ve limitado por fenómeno que afecta directamente la economía del país: el mercado informal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las personas que trabajaron bajo este esquema sumaron, en el último trimestre de 2017, 30.2 millones.

Se trata de una cifra dramática que no se reducirá en la medida en la que este país no genere las condiciones económicas propicias para que esas personas decidan pagar una serie de costos por operar en la formalidad, que hoy, simplemente, no tienen razón para hacerlo.

Tampoco ayuda la poca disposición política de nuestras autoridades fiscales para forzar a este sector de la población a moverse a la economía formal.