Aprobación del Sistema de Monitoreo de actividades privadas y públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública- MAPPAP

Mediante esta nueva resolución la Oficina Anticorrupción creó un sistema de monitoreo de actividades privadas y públicas, anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública – MAPPAP por su sigla – aplicable a aquellas personas que ocupen cargos superiores en la Administración Pública Nacional -centralizada, desconcentrada, descentralizada- y en los entes y empresas del Sector Público Nacional pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional.

Las personas alcanzadas por este régimen deberán declarar, al inicio de la función pública y dentro del plazo previsto por la norma para cada caso, los antecedentes laborales y/o actividades profesionales desempeñadas durante los tres años anteriores al inicio del ejercicio de la función pública, así como aquellas actividades “ad honorem” desarrolladas durante el mismo período.

Asimismo, al egreso de la actividad pública deberán declarar las actividades laborales y/o profesionales que realicen luego del ejercicio de la función pública, así como las actividades “ad honorem” desarrolladas durante el mismo período, y mantenerlas actualizadas durante el plazo de un año contado desde su egreso.

La Dirección de Planificación de Transparencia de la Oficina Anticorrupción estará a cargo de monitorear el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas respectivas, así como de detectar la existencia de incompatibilidades o conflicto de interés y efectuar las recomendaciones que resulten necesarias para su cese y/o prevención.

En caso de incumplimiento, corresponderá aplicar las sanciones previstas por la norma que consisten en: a) declarar que la persona no observa una conducta acorde con la ética pública, a los efectos de su sanción o remoción del cargo; b) requerir la suspensión de la percepción del 20% de su remuneración mensual, hasta el cese del incumplimiento; c) remitir las actuaciones a la Dirección de Investigaciones a fin de que evalúe la posible comisión de un delito y realice la pertinente denuncia ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

La presente resolución entró en vigencia el 26 de abril de 2022.