Recientemente la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) divulgó su nueva orgánica interna, bajo lo que se denomina un esquema de twin peaks, que establece dos pilares para la supervisión y regulación bancaria, de valores y seguros. El primer pilar, orientado a la solvencia y gestión de riesgos; y el segundo hacia conducta de mercado, transparencia y protección al cliente. Internacionalmente hay múltiples esquemas alternativos, y en Chile se optó por el modelo que fuera aplicado en Australia, Nueva Zelanda, Perú, Uruguay, Bélgica e Inglaterra. En estos dos últimos casos se vivieron adopciones un tanto traumáticas, puesto que si bien dicho esquema pareciera más adecuado para una supervisión consolidada y de conglomerados - una debilidad histórica de nuestra regulación y supervisión financiera -, también presenta importantes desventajas. Entre una de las principales, la incompatibilidad de incentivos que se da en la práctica al tener múltiples objetivos, sin un claro mandato legal que los defina y priorice.
En este contexto, la estructura presentada por la CMF presenta desafíos importantes tanto para el regulador como la industria. (1) la Comisión tiene una dotación superior a los 620 profesionales, para casi 8 mil entidades bajo fiscalización, que representan algo más del 72% de los activos del mercado financiero nacional. Por ende, es clave dilucidar el modelo de supervisión que prevalecerá entre industrias. Hoy en día el estándar de supervisión al que está sujeto la banca es más intrusivo y técnicamente más complejo, por lo que es de esperar que se aplique esa vara al mundo de valores y seguros; (2) similarmente las áreas de Análisis, Estudios y Estadísticas presentaban un mayor grado de madurez en el lado bancario, por lo que es esperable que las regulaciones se respalden con el sustento y estudios de impactos con ese tinte. En cuanto a estadísticas, se debiera también esperar el nivel de predictibilidad, oportunidad y transparencia en divulgación de información del mundo bancario; (3) en cuanto a las fortalezas que se veían de la industria de valores y seguros, destaca la mayor capacidad sancionatoria fundamentada en una unidad de investigación especialista, que debiera generar una mayor coerción pecuniaria a la banca, de lo que se observaba bajo la tutela de la ex SBIF; y (4) en conducta de mercado y protección al cliente, se debiera converger a una mayor capacidad resolutiva de los casos, idealmente con seguimiento continuo y en línea de cara al cliente de la industria financiera, elevando la percepción de protección de estos ante la industria fiscalizada; (5) respecto de potenciales conflictos entre los objetivos prudenciales y de conducta y de desarrollo del mercado financiero, estos serían escalados hacia el Consejo de la CMF, representando un desafió en la adecuada definición de procedimientos de modo de no generar niveles indeseados de burocracia; y (6) es clave como la CMF se posicionará con otras entidades, donde no hay límites claros dada la institucionalidad definida actualmente. Esto involucra su relación con el Banco Central, SERNAC Financiero y Unidad de Análisis Financiero, entre otras.
En cuanto a los riesgos de la estructura propuesta en Chile, se desprenden al menos dos riesgos importantes. El primero es que el Consejo y la estructura de Comités definida en el gobierno interno, no ralentice la toma de decisiones y reste profundidad a las discusiones técnicas. Al respecto, hay que destacar que la supervisión prudencial, para ser efectiva, requiere de toma de decisiones rápidas con información incompleta, en donde el juicio experto juega un rol importante. El segundo riesgo se refiere a la falta de financiamiento suficiente que garantice las capacidades para afrontar los desafíos de la CMF. El arreglo que se adoptó, consistente en la dependencia presupuestaria del gobierno de turno a través del presupuesto anual aprobado por el Ministerio de HaciendaH, no es funcional a las responsabilidades y naturaleza de la CMF, donde lo que está en juego es la estabilidad financiera. Hay dos fórmulas alternativas que se debieran barajar para avanzar en esta línea: la primera es que la CMF presente directamente su presupuesto al Congreso y que sea este quien evalúe su pertinencia (esta fórmula requiere una fuerte institucionalidad por parte del Congreso). La segunda, que parece más recomendable, sería establecer una Comisión Técnica que determine las necesidades de financiamiento de la institución con una mirada más allá del ciclo político.
Desde la percepción ciudadana siempre habrá demandas por gasto público que parecerán prioritarias, pero la experiencia nos muestra que las crisis financieras y bancarias son extremadamente costosas, y que para prevenirlas es vital contar con instituciones reguladoras/supervisoras autónomas y técnicas. Ello en un contexto en que la industria está implementando proyectos relevantes asociados a la adopción de IFRS9, IFRS17, Basilea III, Ciberseguridad, regulación a las Fintech, y/o nuevo Compendio de Normas Contables bancario, lo que pone fuertes presiones sobre el regulador.
Patricio A. Jaramillo, Director de Risk Advisory de Deloitte