Empresas fantasma y licitaciones

Ciudad de México, 18 de septiembre 2017.

Y es que en muchas ocasiones, es común observar que se susciten diversos tipos de irregularidades durante estos procesos, pues, desafortunadamente, la flexibilización que se ha hecho en los procedimientos de contratación ha terminado en excesos por parte de algunas empresas que fraudulentamente buscan darle la vuelta a la ley.

Nos referimos a las llamadas “empresas fantasma”, compañías irregulares que simulan operaciones, y que llegan a ser utilizadas como herramienta para el desvío de recursos o la obtención de contratos sin cumplir con todos los requerimientos legales.

Recientemente, el Gobierno Federal anunció que prepara un programa junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el SAT, para detectar a empresas fantasma, “en tiempo real” durante los procesos de licitación pública, con el propósito de comprobar que las compañías que se contraten tengan “materialidad fiscal”.

La contratación de este tipo de empresas en los procesos de licitación es, sin duda, un problema multifactorial para el cual no hay una solución única, sin embargo, esta iniciativa, y en general cualquier noticia de coordinación entre todas las autoridades involucradas, siempre son bien recibidas.

En materia de transparencia, ¿hay algo más por hacer?

En materia de transparencia, la cultura del servicio público ha registrado avances y cambios significativos durante los últimos años.

Cuestiones como el que, en la actualidad, los funcionarios tiendan mucho menos a autorizar adjudicaciones directas o invitaciones restringidas y que, cuando lo hagan, procuren tener mucho cuidado en la justificación o documentación de la misma, para realmente cumplir los intereses de la entidad a la que están prestando sus servicios, es solo una muestra de ello.

Le siguen también nuevos métodos de selección en la contratación en los que ya no solo importa el criterio económico al momento de elegir un proveedor, sino que también se ponderan las propuestas técnicas que se tengan sobre la mesa para elegir la mejor propuesta.

De igual forma, actualmente, se siguen nuevas reglas como el que las bases de las licitaciones públicas tengan que estar publicadas y accesibles para todos los interesados, se permite la utilización de los medios electrónicos para que la gran mayoría de las contrataciones estén a consulta de la ciudadanía o el que las dependencias deban contar con un plan de contratación que tienen que publicar al inicio del año.

Son avances notables, no obstante, aún se pueden hacer muchos más. Otra iniciativa que ayudaría a hacer más transparentes los procesos de contrataciones públicas es dotar a las propias entidades y dependencias de recursos que les permitan certificar o verificar la veracidad de la información que están recibiendo por parte de los interesados en participar en el concurso.

Sin embargo, al tratarse de un tema presupuestal, es una cuestión delicada que encarecería el proceso de licitación y que podría resultar en detrimento del presupuesto.

La inserción de órganos de fiscalización dentro de los procesos de toma de decisión –como ya lo hacen Pemex y la Comisión Federal de Electricidad– puede también ayudar a ir corrigiendo desviaciones en el camino y asegurar la transparencia del proceso antes de que este concluya.

Se trata, pues, de que tanto el sector público como el privado caminen juntos hacia una cultura que permita erradicar las prácticas de corrupción, conociendo bien los instrumentos de transparencia para poder aprovecharlos al máximo e implementar prácticas adecuadas en lo que a contrataciones públicas se refiere.