Estos cuatro factores explican la opacidad en los Congresos Estatales

Se trata de un escenario cada vez más común en México. Noticias sobre falta de rendición de cuentas, corrupción, saqueos o compras millonarias injustificadas forman ya parte del panorama político actual. Es una situación que no solo se padece a nivel federal, sino que localmente, es decir, en los Congresos estatales, se presenta de una manera más recurrente.

Los Congresos estatales del país son herméticos. De acuerdo con el Diagnóstico de Parlamento Abierto México 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, entre otras instituciones, la mayoría de estos órganos incumple con los principios de información presupuestal y de datos abiertos.

Al día de hoy, como señala el IMCO en su Informe Legislativo 2018, en el país contamos con mil 124 diputados locales, quienes rara vez son estudiados o llamados a rendir cuentas. Pero, ¿a qué factores podemos atribuir esta opacidad que impera entre los Congresos estatales?

Desde nuestra perspectiva, es una situación que se explica, principalmente, por cuatro factores. El primero es la falta de contrapesos entre estos órganos y el Poder Ejecutivo estatal.

En teoría, los Congresos locales deberían contener el ejercicio del poder de los gobernadores, buscando el equilibrio del ejercicio del poder y promoviendo iniciativas de ley que contribuyan a la convivencia ordenada entre gobierno y gobernados, sin embargo, en la práctica, esto no ocurre y, por el contrario, lo que se observa es una escasa vigilancia y, en ocasiones, complacencia con las actividades de la administración.

El segundo factor es el ejercicio indebido de las funciones del Poder Legislativo local. Actualmente, los Congresos estatales están ejerciendo tareas que nos les corresponden e, incluso, destinan buena parte de los recursos con los que disponen para ello.

Como ejemplo, destacamos el caso de las llamadas “ayudas sociales”. Solo en 2017, como revela el documento Informe Legislativo 2018, del IMCO, 25 Congresos locales gastaron mil 915 millones de pesos en esta actividad, a pesar de no estar habilitados para hacerlo.

De hecho, proporcionar este tipo de apoyos forma parte de las responsabilidades del Poder Ejecutivo, en este caso, el gobernador, por lo que, al hacerlo los legisladores, sin tomar en cuenta ningún marco regulatorio que defina los procesos o requisitos para hacerlo, se tiende a incurrir en una actividad clientelar, que obedece más a intereses particulares.

El tercer factor que, consideramos, explica la falta de rendición de cuentas en los Congresos estatales es la falta de recursos e independencia de los órganos de fiscalización para la revisión de las cuentas públicas. Lo ideal es que estos mecanismos funcionen independientemente, con plena autonomía de gestión y un presupuesto justo y equilibrado.

No obstante, la experiencia nos muestra que, en los estados en los que estos órganos de fiscalización ya han sido instalados, los resultados no han sido los esperados, pues los equipos que los conforman no son totalmente independientes a los intereses que vigilan o bien se enfrentan a restricciones presupuestales que les impiden ejercer su labor.

Finalmente, la cuarta causa que observamos es la falta de profesionalización en la estructura organizacional y de perfiles del legislativo. La carencia de un servicio profesional de carrera y la especialización en temas complejos son algunas limitantes para el ejercicio de sus funciones.

Tal pareciera que la mayoría de los diputados locales están más enfocados a cuestiones de índole político y ocupados en construir estrategias que les permitan llegar a puestos de mayor jerarquía, que estar ocupados en legislar.

¿Cómo revertir esta situación?

• En su análisis Informe Legislativo 2018, el IMCO propone diversas líneas de acción para revertir la falta de transparencia y rendición de cuentas entre los Congresos locales. En Deloitte, coincidimos con algunos de estas propuestas y subrayamos las siguientes.
• El cumplimiento de la ley: los órganos legislativos locales deben ser transparentes, publicar su información presupuestal conforme a la normativa e informar a la población sobre el uso que les brinden a sus recursos.
• Eliminar los apoyos sociales: esto es una función que no corresponde a los Congresos locales, sino al gobierno estatal o las instituciones federales establecidas. Los legisladores no cuentan siquiera con los mecanismos para definir un padrón de beneficiarios y tener un control sobre ellos.
• Reducción del gasto destinado a servicios: los legisladores locales pueden hacer un esfuerzo importante en disminuir los recursos que usan para cubrir sus servicios. Como señala el IMCO, ejercer más recursos a los presupuestados es una práctica normalizada en las legislaturas locales, a pesar de que sus funciones no varían de forma sustancial conforme al paso del tiempo.
• Especialización y profesionalización de los legisladores: en la actualidad, ser un funcionario público no es sencillo, es una labor compleja que no solo implica responsabilidades, sino también una serie de normas que los funcionarios deben conocer y para lo que es necesario que sean verdaderos especialistas en los temas en los que se requiere su participación. Con legisladores mejor preparados, tendríamos mejores leyes y un mejor uso de los recursos públicos.

De la teoría a la práctica

Contrario a lo que se percibe, en materia de transparencia y control de gastos en las entidades federativas, existen esfuerzos importantes registrados. En 2008, por ejemplo, se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que, más que una mera disposición de tipo contable o mal llamada “armonización contable”, es una de las legislaciones más importantes en nuestro país en materia de control hacendario, transparencia, sistematización financiera y presupuestal; es una ley que obliga a todos los entes públicos a tener una rendición cuentas en el ejercicio de sus recursos.

El marco normativo existe, al menos de manera teórica, pero en la realidad no se aplica en su totalidad. Hoy, existen algunas entidades de gobierno y poderes legislativos que aún no han concluido su proceso de “armonización contable”, ya sea por negligencia o por falta de conocimiento o voluntad política para hacerlo.

En ese sentido, el papel que desempeñan los legisladores para solucionar y revertir este fenómeno se convierte en un componente crucial: mientras no contemos con funcionarios responsables, éticos y profesionales, por más candados y leyes que tengamos, el resultado no será ni el más eficaz ni el más deseado.