Impuestos e incentivos verdes en Uruguay por Ana Méndez

La protección del medio ambiente y de los recursos naturales es una prioridad. En este sentido, los países implementan regulaciones y controles para proteger sus recursos, utilizando políticas fiscales como herramienta complementaria. Estas políticas imponen una mayor carga impositiva a determinados bienes o servicios y ofrecen beneficios tributarios para inversiones o conductas orientadas a mejoras en factores ambientales.

Nuestro país ofrece un entorno fiscal y ambiental excepcionalmente favorable para el crecimiento económico sostenible. Los impuestos y los incentivos fiscales, combinados con una sólida política ambiental, crean un marco propicio para que las empresas prosperen mientras contribuyen al bienestar del país.

Impuestos empresariales

En Uruguay, se aplican diversos impuestos a las personas jurídicas residentes y a los establecimientos permanentes. El más relevante es el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), que grava las rentas empresariales de fuente uruguaya con una tasa del 25 %. Además, las distribuciones de dividendos al exterior o a personas físicas están gravados con una tasa del 7 %, que se suma al impuesto a la renta corporativa. En casos de dividendos fictos no distribuidos después de cuatro ejercicios fiscales, también se aplica la misma tasa. Otro impuesto significativo desde el punto de vista de las empresas es el Impuesto al Patrimonio (IP), calculado sobre la diferencia entre el activo y el pasivo ajustado fiscalmente, con una tasa general del 1,5 %.

En el ámbito de consumo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava la circulación interna de bienes y servicios, así como la introducción de bienes al país, con tasas variables según la categoría de los bienes. El IMESI (Impuesto Específico Interno) es el otro pilar de la imposición al consumo. Ambos son fundamentales en la estructura de recaudación de nuestro país.

Incentivos para la inversión relacionados con lo ambiental

Con el tiempo, se ha implementado un atractivo sistema de promoción de inversiones que ofrece importantes beneficios fiscales. En 2023, por ejemplo, se registró una inversión que superó los USD 1100 millones, beneficiando a empresas de diversos tamaños y sectores.

Los incentivos para inversiones promovidas pueden incluir exoneración de IRAE de hasta el 100 % del monto invertido en activo fijo, siempre que se cumplan ciertos indicadores como el incremento de empleo o las exportaciones, entre otros. Además, es posible obtener exoneraciones en otros impuestos, como tasas y tributos relacionados con la importación, la devolución del IVA para inversiones realizadas dentro del marco del proyecto y la exoneración de los bienes promovidos en el IP.

¿Cómo se obtienen estos beneficios fiscales? El régimen está enfocado en la generación de externalidades positivas por parte de las empresas, como el incremento del empleo, las exportaciones, las inversiones en tecnologías limpias y otros indicadores sectoriales relevantes.

Justamente, en términos de indicadores sectoriales, algunos sectores empresariales tienen la opción de obtener diversas certificaciones de calidad que mejoran la gestión de los recursos ambientales y energéticos. Algunos ejemplos son la Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, la Certificación de Sistemas de Gestión de Energía ISO 50001, la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) y la Verificación de Gases de Efecto Invernadero en Organizaciones ISO 14064-1. Estas certificaciones promueven la sostenibilidad ambiental y generan beneficios fiscales adicionales. Las inversiones que son más amigables con el medio ambiente, que reducen el consumo de energía o sustituyen combustibles fósiles, también pueden generar beneficios fiscales en el indicador de tecnologías limpias.

Es importante destacar que los incentivos fiscales y ambientales no solo atraen inversiones, sino que también promueven prácticas empresariales responsables y sostenibles. Están diseñados para facilitar el crecimiento económico mientras se protege el medio ambiente, asegurando un equilibrio fundamental para el desarrollo a largo plazo.

Impuestos relacionados con lo ambiental

En cuanto al uso de la política fiscal como mecanismo para desincentivar ciertos comportamientos en los contribuyentes, nuestro país ha implementado impuestos vinculados a temas ambientales. Por ejemplo, la ley n.o 19.996, sobre promoción de combustibles limpios, establece impuestos específicos para combustibles fósiles (naftas) en función de las toneladas de CO2 emitidas. Esta modificación, de enero 2022, no modifica significativamente la carga tributaria que estos combustibles tenían antes con el IMESI, pero al menos muestran alineación intencional de la política fiscal a los temas medioambientales.

Desde 2019, la ley n.o 19.829 establece el IMESI sobre la primera enajenación y la afectación al uso propio de ciertos bienes, sobre todo de materiales plásticos y cartón, por parte de fabricantes e importadores. Esta norma prevé créditos fiscales para quienes utilicen envases retornables y sistemas de reciclaje certificados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero a la fecha no ha sido reglamentada, por lo que no está en vigor.

Respecto a los vehículos eléctricos, con la entrada en vigor del Decreto n.o 390/021, comenzaron a estar exonerados de IMESI y se incorporaron nuevas categorías a los híbridos, con tasas diferenciales menores en función de sus características. El objetivo de este Decreto fue justamente establecer un tratamiento tributario consistente con una política de eficiencia energética y promoción de tecnologías amigables con el ambiente.

Estos ejemplos subrayan que las políticas fiscales tienen un rol fundamental en materia medioambiental. En nuestro país estas implementaciones se están dando, pero de forma muy paulatina.

Oportunidades para el futuro

Gracias a su estructura fiscal y sus incentivos ambientales, Uruguay está en una posición privilegiada para seguir atrayendo inversiones y promoviendo un desarrollo económico y ambiental responsable. A pesar de los avances, aún resta mucho por hacer.

Las empresas tienen la oportunidad de aprovechar estos incentivos mientras contribuyen al desarrollo. La clave para maximizar estos beneficios radica en comprender claramente las políticas fiscales y ambientales vigentes, así como en la capacidad para alinearse con los requisitos y objetivos establecidos.