Legal Corporativo

Con el fin de ampliar los requisitos de experiencia y los procedimientos empleados para la conformación de la lista de liquidadores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido el Decreto 1167 del 11 de julio de 2023 en el sentido de ajustar algunas disposiciones del régimen aplicable a los procesos de Insolvencia Empresarial contenidos en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y con el fin de proteger la empresa, los bienes y los intereses de los acreedores.

Al respecto, indica este Decreto que, frente al cargo de liquidador, será aquella persona natural o jurídica que actúa como administrador de los bienes del sujeto del proceso de liquidación judicial, así como representante legal de la persona jurídica sometida a este proceso.

Indica también este decreto, que el liquidador deberá cumplir las cargas, deberes y responsabilidades propias de los administradores de conformidad con las normas vigentes, así como las de auxiliar de la justicia. Finalmente, indica que los acreedores podrán solicitar la sustitución del liquidador con por lo menos el sesenta por ciento (60 %) de estos últimos.

De igual forma, mediante este decreto se establece de manera concreta la responsabilidad de los auxiliares de justicia por el trabajo desarrollado a través de la calificación de su desempeño y gestión profesional por parte de los jueces de los procesos adelantados ante la Superintendencia de Sociedades. Por tal motivo, la formación académica y la experiencia de los auxiliares de la justicia es un elemento imprescindible para aumentar los niveles de eficacia que deben regir para los diferentes procesos concursales adelantados ante la Superintendencia de Sociedades.

Por ello, los auxiliares de la justicia que integren la lista elaborada por la Superintendencia de Sociedades deberán cumplir con los Manuales de Ética y Evaluación de Gestión, el Examen de conocimiento en insolvencia e intervención y cumplir con la formación profesional y la específica para auxiliares de justicia en insolvencia e intervención por captación no autorizada, entre otros.

Todo lo anterior, con el objetivo de procurar un mejor desempeño de los auxiliares de la justicia que son admitidos a la lista que administra la Superintendencia de Sociedades.