Legal Corporativo

La Secretaría General de la Comunidad Andina con la cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual presentaron el Manual para el examen de marcas en los países miembros de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El nuevo Manual Andino de Marcas expedido por la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones busca contribuir a la mejora continua en la calidad y en la eficiencia con que se prestan los servicios de las oficinas de propiedad industrial de los cuatro Países Miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), entre ellos, la Oficina Virtual de Propiedad Industrial (SIPI) en Colombia, mediante la formulación de una serie de recomendaciones y pautas de orden práctico, dirigidas a los usuarios interesados y funcionarios directamente involucrados en el procedimiento de registro de las marcas, para apoyar y facilitar sus procesos de análisis y toma de decisiones.

Las recomendaciones de este Manual están basadas en las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común de Propiedad Industrial (DA 486), así como en la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Adicionalmente, teniendo en cuenta que el Manual tiene un enfoque principalmente práctico, ha sido complementado con la presentación y análisis de casos reales, que corresponden tanto a la experiencia de las oficinas de esta región, como de otras latitudes.

El Manual se construyó como herramienta de apoyo para los examinadores de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los Países Miembros, no obstante, resulta de interés y utilidad para los solicitantes y usuarios en general del sistema de propiedad industrial andino, en la medida que a través de este se hacen públicos los criterios de interpretación que aplican las oficinas para la toma de decisiones de los procesos de registro de marca.
 

Proyecto de ley por medio del cual se busca establecer como legislación permanente los decretos 560 y 772 de 2020 en materia de insolvencia empresarial.

El pasado 22 de agosto de 2023, fue radicado ante el Senado de la República el proyecto de Ley nro. 106 el cual busca incorporar como legislación permanente los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020 con el fin de mejorar las instituciones concursales existentes para adecuarlas a la nueva realidad social, considerando los efectos de la pandemia, especialmente para la preservación de las pequeñas y medianas empresas y el empleo en los procedimientos de insolvencia empresarial.

Las distintas situaciones macroeconómicas, al igual que la pandemia generada por la COVID-19, han afectado severamente a las empresas y los empresarios, poniendo en riesgo la generación de empleo y el fortalecimiento empresarial, razón por la cual, este proyecto busca adoptar los decretos con fuerza de ley que demostraron gran acogida para las empresas para atender la crisis y que, ante su utilidad, han sido prorrogados en dos ocasiones con el fin de darle continuidad a sus efectos positivos.

Por tal motivo, este proyecto refleja la necesidad de adopción de legislación permanente, además, demuestra que el actual régimen de insolvencia empresarial consagrado en la Ley 1116 de 2006 contiene figuras y mecanismos que no se han acoplado a las nuevas necesidades del tejido empresarial cambiante y dinámico tales como i) los procedimientos de Negociación de Emergencia y Recuperación Empresarial ante las Cámaras de Comercio, ii) el Proceso de Reorganización Abreviado y iii) Liquidación Simplificada, entre otros.

Según la última encuesta global de competitividad de la inversión publicada por el Banco Mundial, teniendo en cuenta que, la protección de la inversión, al igual que la estabilidad política y macroeconómica, son los factores más importantes en la decisión de una compañía matriz al momento de decidir dónde invierte sus recursos, este proyecto hace especial hincapié en la necesidad de establecer un ambiente legal y regulatorio que permita ser competitivos como un factor crítico a la hora de tomar decisiones de inversión.

En conclusión, este proyecto busca facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas para acceder al régimen concursal para responder a las nuevas necesidades de la economía y dotar al régimen de insolvencia de mecanismos modernos y ágiles para contribuir al fortalecimiento empresarial y robustecer la protección de la inversión en Colombia.